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¿Récord de récords?

Con una exportación de $us 5.740 millones, la minería ha alcanzado un récord: se sitúa en el primer lugar de exportaciones nacionales, llegando al 53% de las mismas, según se dice en el informe de rendición de cuentas del ministerio del sector; su incidencia en el Producto Interno Bruto superará los dos dígitos. ¡Albricias! Mal […]

TRIBUNA
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Por José Pimentel Castillo
TRIBUNA
La Paz / marzo 8, 2022
en Voces

Con una exportación de $us 5.740 millones, la minería ha alcanzado un récord: se sitúa en el primer lugar de exportaciones nacionales, llegando al 53% de las mismas, según se dice en el informe de rendición de cuentas del ministerio del sector; su incidencia en el Producto Interno Bruto superará los dos dígitos. ¡Albricias! Mal que les pese, Bolivia es un país minero.

Esta es una cara de la moneda. La otra es que Bolivia no vive de la minería. El informe señala que las regalías llegan a $us 231 millones, es decir 4,02% del valor exportado, y por impuestos a las utilidades no se espera mucho, dado que la producción de oro, más del 50% del valor exportado, es informal, eludiendo el pago de otros tributos. En el sector tradicional, a excepción del estaño, los costos de realización en el exterior son muy elevados y sin control del Estado boliviano, por lo cual el impuesto a las utilidades es menor al de las regalías, la renta minera no llegará al 6%. Por lo tanto, otro récord en el saqueo a Bolivia.

Bolivia vive una coyuntura muy halagadora debido al alza de los precios de los minerales, es importante su acumulación y reinversión en la cadena productiva minera para llegar a la refinación de los minerales e industrialización, y el oro debe convertirse en el respaldo de nuestra moneda, el boliviano.

Lo dicho no es nada nuevo, hay señales en el Gobierno de preocupación al respecto, por ejemplo, el proyecto de ley del oro. El mismo informe anuncia la instalación de una refinería de zinc, se pondera su necesidad al recuperar no tanto el zinc sino sus acompañantes como el indio, el cadmio, el galio, etc., por los cuales hoy no nos pagan nada: países como Corea y Japón —que son nuestros compradores de zinc y no tienen minas— figuran como los principales productores de indio. Se señala como paso definitivo el financiamiento de China, con quien Bolivia tiene una línea de crédito de más de $us 6.000 millones, que Comibol en dos ocasiones buscó utilizar para adjudicar dos plantas hidrometalúrgicas de zinc. Las dos veces se cayeron las licitaciones por falta de seriedad de las empresas privadas chinas, en un caso con la ejecución de la boleta de garantía de propuesta por $us 800.000.

No se dice nada sobre la tecnología a utilizarse; hace cuatro años la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) presentó el proyecto de una fundición Ausmelt, que por la excesiva producción de ácido sulfúrico era inviable. El mismo proyecto se presentó el año pasado en la Cumbre Productiva en Oruro y no se supo responder a las observaciones planteadas. El otro cuestionamiento es quién lo va a ejecutar: se menciona para este propósito a la EMV, cuya creación limita su actividad a la fundición de estaño, mientras que la Ley de Minería encarga a la casa matriz Combil a emprender proyectos y crear nuevas empresas. Por otro lado, si bien se anuncia una utilidad de Bs 280 millones de la EMV la pasada gestión, no se habla de sus obligaciones millonarias con las empresas Huanuni y Colquiri. ¿Es que los pasivos no entran en un balance financiero? Entonces surge la duda de la seriedad de la propuesta.

Del sector privado no hay más información, solo el pedido de la modificación de la ley minera. Sus analistas piden seguridad jurídica para atraer inversiones: se refieren a que hoy los recursos naturales son propiedad de los bolivianos y no pueden disponer de ellos para especular en la bolsa, sacar préstamos o dejar como herencia. En ningún momento trajeron inversiones, sino después de descuartizar a la Comibol emprendieron proyectos como el de San Cristóbal y Manquiri, que funcionaron recién en el gobierno de Evo Morales y tuvieron todas las garantías para su gestión empresarial.

Las empresas estatales en funcionamiento tuvieron utilidades en 2021, Huanuni $us 104,5 millones, Colquiri 35,6 millones y Corocoro, 3,2 millones. Aquí las autoridades deben aclarar algunos puntos: primero, en Huanuni el ingenio Lucianita produjo el año pasado 1.063 TMF, cuando su capacidad anual es de más de 10.000 TMF. ¿En cuánto habría aumentado su utilidad si funcionara plenamente este ingenio? Segundo, la ejecución presupuestaria de inversiones en la Comibol en 2021 alcanzó a 45%; el único proyecto grande que tiene la empresa es el Ingenio de Colquiri, cuya construcción comenzó hace cuatro años, debiendo concluirse en el tercero. ¿Hay un contrato de partes por cumplir? Tercero, se mencionó la suscripción de dos contratos de producción minera con empresas extranjeras, lo que no se dice es que la participación de la Comibol es inferior a lo que recibía en épocas neoliberales. Esperemos que la Asamblea Legislativa se pronuncie al respecto; sobre estos contratos tiene una amplia documentación y en su momento los calificó de leoninos.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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