La consigna y la obsesión antimasista se han estrellado contra Nadia Cruz, la defensora del Pueblo que debió asumir el cargo interinamente luego de la renuncia de David Tezanos Pinto hace algo más de tres años. Se la tacha, sin argumentación ni pruebas a la mano, de alineada con el partido azul y de haberse convertido en alguien que ha hecho de la institución un reducto para defender a los afines al nuevamente partido de gobierno que conoció el ejercicio del poder durante 14 años consecutivos.
La gestión de Cruz ha producido un extenso y pormenorizado informe defensorial que expone con notable rigor y apego a la veracidad de los hechos, lo sucedido en el peor año de este siglo que pudo vivir Bolivia en materia de violaciones a los derechos humanos, durante fines de 2019 y gran parte de 2020. Si se examina con detenimiento dicho documento, se comprobará que gran parte de sus contenidos coincide con lo hecho por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a nuestro país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como las maltrechas oposiciones privilegian el tirarle basura al MAS, descalifican la gestión de alguien que tiene trayectoria, conocimiento y compromiso en la gestión de defensa de los derechos humanos en el país.
A las puertas de un nuevo nombramiento en el cargo para la gestión 2022-2028, el escenario se presenta carnavalesco y anecdótico. Debe ser una broma que un converso como Manuel Morales Álvarez, del mal llamado Comité Nacional de la Democracia (Conade), aparato antimasista por sobre todas las cosas, pretenda considerarse habilitado para optar al cargo. No puede por requisitos. No debe porque jugó de manera sesgada y vergonzosa el papel de portavoz de Amparo Carvajal durante el gobierno de Áñez, mandamás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que, entre varias de sus lamentables actuaciones, calificó como “resistencia necesaria” a un grupo irregular violento como la Resistencia Juvenil Cochala que ya tiene a un sentenciado por asesinato de un periodista y a varios otros procesados por desmanes, violencia, racismo y discriminación producidos entre octubre y noviembre de 2019.
Bolivia necesita una Defensora del Pueblo. No un Defensor. Debe ser mujer porque en tiempos de desenfrenada violencia de género, el activismo feminista debe profundizar el rol decisivo que juega, fortaleciendo su presencia en la administración de las instituciones estatales comprometidas por ley a luchar por los derechos ciudadanos en todas sus instancias. La Defensora del Pueblo no puede ser una militante del MAS, de Creemos o de Comunidad Ciudadana y por lo tanto tampoco una exdiputada o exsenadora que ejerció funciones con carnet partidario, según los requisitos en discusión para la selección de quienes cuenten con todas las credenciales de idoneidad y profesionalismo para ejercer al cargo. Tampoco parece sensato pensar en feministas que en el extremo de un posicionamiento “antisistema”, utilicen las armas de la violencia verbal patriarcal para combatir a machistas, feminicidas, violadores seriales y otras ramas que forman parte de la monstruosidad masculina.
La Defensora del Pueblo debe ser, en primer lugar, alguien con recorrido en el activismo y en la defensa cotidiana de los derechos humanos. Que conozca la problemática a fondo y que tenga en su espectro qué y cómo se debe gestionar la institución y para ello, como para ninguna otra instancia de alta responsabilidad pública, la elección debiera hacerse por consenso, producto de la unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hacer lo otro, ajustando requisitos a la medida de la agenda política gubernamental, o a la de los intereses de las minorías parlamentarias, sería incurrir en tretas que inviabilizarían la elección. De la histeria, el griterío, el insulto y el jaloneo de diputados o senadores, hay que pasar a la mesa del razonamiento. El MAS debe ceder y por supuesto que sus oposiciones también.
En 2016, Rogelio Mayta debió haber sido elegido Defensor del Pueblo, pero no sucedió porque se impusieron criterios que superaron la rigurosidad de la convocatoria. Que no suceda otra vez. Que en esta oportunidad llegue la mejor opción por compromiso, conocimiento, dedicación y credenciales de transparencia. Figuran algunas candidatas, de las que hay que descartar a Nadia Cruz que ha manifestado no ser de su interés el tema. En ese conjunto de mujeres que trabajan a diario en temática tan sensible, debiera estar la nueva Defensora del Pueblo. Se trata de personas que no necesitan vociferar en las calles para demostrar cuánto se puede trabajar en esta materia con conocimiento, probidad y sentido de oportunidad.
La Defensoría del Pueblo tiene como misión prioritaria defender a la ciudadanía común de los abusos que comete el Estado contra ella. En otras palabras, su tarea pasa, en gran medida, por una necesaria y permanente interpelación al poder, tan saludable para cualquier democracia.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
