La coyuntura pone en el orden del día al Instrumento Político MAS-IPSP como garantía de la continuidad del proceso de cambio. Tras su victoria del 18 de diciembre de 2005, se confirmó la validez de la nueva conducción política del pueblo boliviano; a esta conclusión se llegaba después de más de 100 años de la República.
La revolución de 1952 había destruido el voto calificado, donde estaban marginados quienes no sabían leer y/o no demostraban ingresos propios, así los destinos del país estaban en manos de una minoría a título de democracia. Desde vertientes nacionalistas y socialistas se fue cuestionando este entuerto, que negaba el principio de igualdad ciudadana e imponía mecanismos electorales para lograr la legalidad de los gobiernos de turno. Fueron los mineros que, superando la tutela partidaria, participaron en las elecciones parlamentarias de 1947 y lograron una victoria que les dio dos senadores y seis diputados; su decisión de usar el Parlamento como tribuna de denuncia y defensa de los oprimidos llevó a la rosca a expulsarlos en 1949, reafirmando que la democracia es una ficción cuando se afecta sus intereses.
La revolución de abril de 1952, que convirtió un golpe militar en una insurrección popular, impuso un gobierno revolucionario que se movió al compás de los combatientes en armas: la constitución de las milicias obrero-campesinas, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal. A medida que se institucionalizaba la democracia, también se fueron creando los mecanismos para salvaguardar los intereses de la nueva clase dominante. Se institucionalizó el sistema de partidos, marginando a los sujetos sociales y convirtiéndolos en beneficiarios y no protagonistas de la acción política estatal.
La contradicción entre los principios liberales: libertad, igualdad y fraternidad, y la práctica excluyente y dictatorial de los gobiernos, deviene en una crisis revolucionaria; su inminencia en Latinoamérica generalizó las dictaduras; la lucha contra éstas tuvo, de nuevo, como sujeto a los movimientos sociales encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB) y al retornar la democracia en 1982, igual que en 1952, fueron marginados de la acción política gubernamental y sustituidos por los llamados partidos populares. El fracaso del gobierno de la Unidad Democrática Popular arrastró a la crisis política al movimiento obrero, sobre cuyas espaldas se montó el neoliberalismo, que como primera medida se planteó liquidar al sindicalismo minero, columna vertebral de la COB.
El sistema de partidos funcionaba en una suerte de pasanacu rotándose en el gobierno y manteniendo las bases del neoliberalismo. Por su parte el movimiento popular, perdida la centralidad minera, fue constituyendo nuevas redes de resistencia a la opresión y la destrucción del patrimonio nacional. En su dilatada existencia, logró construir una práctica sindical que tenía como base la democracia participativa, surgida en asambleas donde se discutía los problemas sectoriales y nacionales: sus conclusiones eran elevadas a ampliados y congresos; tenía la capacidad de crear consensos y definir líneas de acción que guiaban al pueblo boliviano. Así surgieron documentos como la Tesis Socialista de la COB y la Ley Agraria Fundamental de los campesinos. No faltaba visión, ni táctica ni estrategia; era necesario un instrumento político que canalizara estas inquietudes. Así nació el MAS-IPSP: su programa y candidatos no eran sino la síntesis de las aspiraciones de campesinos, colonizadores, cocaleros, regantes, vecinos, rentistas, cooperativistas, etc.
El ejercicio del poder entró en una dinámica en que el partido gobernara y el movimiento social fuera el beneficiario: se hicieron muchas obras, pero se iba imponiendo la lógica burocrática; eran las autoridades locales las que solicitaban, mientras los movimientos sociales se contentaban con reivindicaciones sectoriales, que mal que bien eran satisfechas.
Este es el meollo del asunto, se niega su esencia, la capacidad propositiva de los sectores populares en el nuevo contexto de gobierno. Los congresos de las organizaciones sociales, si es que se realizan, acaban pidiendo espacios de poder sin explicitar qué harían desde el poder; la visión globalizadora de la política se pierde a cambio de pequeños espacios burocráticos. Así el IPSP se va convirtiendo en un partido y deja de ser el instrumento de los movimientos sociales. La continuidad del proceso se garantiza con el fortalecimiento orgánico y político de las instituciones que crearon el instrumento: Campesinos, Interculturales, “Bartolinas” y todos los que se adscribieron conscientemente al proceso de cambio. A esta labor debieran sumarse todos los intelectuales y políticos que creen en la revolución, que en esencia es la construcción del poder del pueblo desde abajo.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
