Las prácticas de justicia son conocidas por la impunidad y la manipulación que las y los operadores de justicia —jueces y fiscales—, todos abogados con títulos, realizan desde la fundación de la República. Prácticas de apropiación de tierras, gente, trabajo, bienes que la Madre Tierra dio a los pueblos, son impunes en la historia. También han quedado impunes asesinatos, feminicidios, genocidios, torturas, desapariciones.
El aparato judicial, con algunas excepciones, siempre estuvo subordinado al poder político. Es a partir del proceso de cambios cuando hay un quiebre y un vacío que algunos operadores políticos trataron de llenar, manteniendo las prácticas, pero cambiando de gobierno. La mayoría del pueblo boliviano no estábamos en eso, nos convocamos a la primera Cumbre de Justicia realizada en Sucre, en 2016, que fue la culminación de una etapa de remover y proponer soluciones a esas prácticas mañudas y serviles de la Justicia.
Las conclusiones finales, leídas por el entonces vicepresidente Álvaro García, al culminar la cumbre, no recogían lo que de verdad se había discutido en las mesas, las propuestas revolucionarias planteadas. Era mejor dejar tal cual los documentos de cada mesa para la lectura en plenaria, conservando el espíritu de las reflexiones. Se forzó un único documento que era el maquillaje que el aparato judicial necesitaba.
Desde ningún gobierno se hará revoluciones, los gobiernos del pueblo pueden facilitar los procesos revolucionarios, pero las revoluciones vienen de los pueblos organizados. Por eso, que el Gobierno suspendiera justamente ahora la posibilidad de hacer la segunda Cumbre de Justicia, obedece a un cálculo político, donde el Gobierno juzga que puede ser peligroso para la correlación de fuerzas de la gobernabilidad.
Entonces es el momento de retomar la iniciativa política y la autonomía organizativa popular, nos parece de importancia vital generar los espacios de reflexión y propuestas sobre los caminos de reformas y principalmente de revolución de la Justicia. Por ejemplo, las prácticas de usos de la Ley 348 son de lo más deplorable, jueces y fiscales ignorantes de la norma no se quieren mover de su zona de confort y entender qué tipo de norma es la 348. Un instrumento de lucha contra la impunidad que las mujeres tenemos ante la violencia machista de los hombres, se convierte en espacio de uso para fines de lucro y venganza personal, entre otros.
Muchos abusos y manipulaciones están dando vueltas en los juzgados y no es la reflexión, ni el sesudo juicio los que triunfan en los tribunales, es un vaivén entre la corrupción de la coima y el show mediático, de oportunistas en las calles. Las reales víctimas continúan arrastrando su dolor, como cruz, en cada audiencia.
No es el Gobierno el que facilitará el camino de construir otra justicia —suspendieron la cumbre—, mucho menos harán la revolución de la Justicia. Seremos las organizaciones del pueblo, que debemos reunirnos autónomamente en diferentes espacios para reflexionar, realizar las propuestas y finalmente sacar de sus puestos a quienes están manipulando la Justicia. Nosotras y nosotros los pusimos, nosotras y nosotros los sacaremos, como lo hicimos con los gobiernos neoliberales. Tendrán que rendir cuentas y reparar a la sociedad por el mal que nos están haciendo.
Vamos a construir el thaki, el camino de la Cumbre de Justicia de los Pueblos, es una propuesta del feminismo comunitario de Abya Yala. ¡Jallalla proceso de cambios revolucionarios!
Julieta Paredes es feminista comunitaria.
