El 4 de marzo se recordó el inicio de las jornadas mineras de 1985, movilizaciones masivas cuestionando el adelanto de las elecciones. La batalla estaba perdida, pero la esperanza es lo último que se pierde.
El parto de la democracia fue con fórceps. Al triunfo inicial del campo popular con la huelga de hambre de las mujeres mineras (1978), que impusieron elecciones con amnistía, se vino los mecanismos de control a nuestra democracia: fraude electoral, fraccionamiento del campo popular, golpes de mano de los militares, asesinatos selectivos, represión masiva y masacres. Una y otra vez, la lucha del pueblo supo levantar el espíritu que bullía en su ser, para superar el oprobio, el entreguismo, la explotación, fuerza que se nutría de la esperanza de construir una sociedad justa, soberana y democrática.
La transición del 10 de octubre de 1982, vía Congreso elegido en 1980, preveía un nuevo empantanamiento o la liquidación de uno de los oponentes. Esta transición fue una derrota estratégica, el reconocimiento formal de la presidencia de Siles Zuazo dejaba el poder en manos del Congreso opositor. La posición de los mineros de llamar a nuevas elecciones fue desechada con la consigna rimbombante de “el hambre no espera”, así Siles entró al Palacio de Gobierno sin querer.
La herencia dejada a Siles implicaba una crisis política: los movimientos sociales constructores de la democracia fueron excluidos, para repartirse los espacios de poder entre los partidos de “vanguardia”. Instituido el sistema de partidos, en el Parlamento se puso de moda el transfugio a título de gobernabilidad y cualquier iniciativa popular era simplemente desechada. La crisis económica, heredada de la dictadura, implicaba un servicio anual a la deuda superior a las exportaciones bolivianas, así impusieron un tipo de cambio paralelo donde las empresas estatales recibían un cambio menor al real, para cubrir esta obligación.
Si bien el programa de la Unidad Democrática y Popular (UDP) era antimperialista y popular, su gestión en el gobierno dejó de serlo. Los consejos de los “sabios” llevaron a sostener una política monetarista, aumentando la circulación de dinero, así cada aumento salarial era respondido con el alza del costo de vida. Siles conocía la solución del shock devaluatorio, lo había practicado en 1956, sabía de sus consecuencias contra el pueblo y no tenía la convicción para aplicarlo. La otra solución: volcar los recursos económicos en la generación de riqueza con producción soberana y postergar el pago de la deuda externa era romper con el FMI y el BM, lo cual le parecía riesgoso para su permanencia política.
Los mineros lograron la co-gestión obrera en la Comibol, como respuesta a una huelga de los técnicos. Sus esfuerzos de racionalizar, aumentar la producción y combatir la corrupción no daban resultados económicos: fue víctima del dólar paralelo que hacía que un kilo de carne cueste más que un kilo de estaño. El subsidio al tipo de cambio era cubierto con préstamos en pesos bolivianos, que al final fue el justificativo para su cierre (DS 21060).
Por ningún lado se veía una solución desde el campo popular; al contrario, en diciembre de 1984 se logró un acuerdo con mediación de la Iglesia Católica para acortar el mandato de la UDP, condicionado a la habilitación para las elecciones del jefe del MIR. Asediado por la traición, Siles gobernó sus últimos meses solo con su partido, el MNRI. La suerte estaba echada, las próximas elecciones ganaría la derecha y la izquierda se convertiría en marginal en la vida política.
Acá surgen las Jornadas de Marzo, para reivindicar su planteamiento económico político de los trabajadores mineros, de apostar por la generación de riqueza, con el fortalecimiento de la producción; por eso el pliego petitorio ponía énfasis en la dotación de maquinaria y equipo, estos equipos llegaron en la época neoliberal y nunca se usaron.
La movilización de más de 5.000 trabajadores mineros en la sede de gobierno creó una situación cuasi insurreccional, aunque nadie lo decía, todos lo esperaban. La concentración de estos miles se propagó por toda la ciudad de La Paz —amplia y populosa—, en cada barrio se hacían mítines donde se explicaba los planteamientos mineros, el plan se llamó Las Mil Esquinas. La democracia directa, en asambleas masivas, sin ceder la palabra a los dirigentes, atrajo la simpatía de muchos; la solidaridad se manifestaba en almuerzos ofrecidos en mercados, alojamientos cedidos por organizaciones sindicales y estudiantiles, el apoyo de sacerdotes tercermundistas, de artistas y músicos en un concierto histórico en el Teatro al Aire Libre.
El retorno tuvo sabor a poco. El proceso inflacionario continuaba, las elecciones eran un hecho, la derecha se regocijaba, las cartas de crédito posibilitarían la llegada de maquinarias para después de las elecciones. La bronca se transformó en un grito: ¡Los mineros volveremos!
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
