El sistema tributario en nuestro país ha sufrido muchos cambios, de manera particular, quizás, cobró mayor relevancia con la crisis de los años 80 y la posterior implementación de la Ley 843 de Reforma Tributaria (1986), la cual tenía como objetivos: crear una base tributaria amplia y una estructura de tributos que sea de fácil administración.
Con la Ley de Participación Popular (1994) se inició el proceso de descentralización de los recursos fiscales, donde se establecía que la distribución es por habitante y que, de la recaudación efectiva por el cobro de Impuestos al Valor Agregado (IVA), al Régimen Complementario del IVA (RE-IVA), a las Transacciones (IT), a las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros, el 20% es destinado a los gobiernos municipales y 5%, a las universidades públicas; a esta distribución la denominamos coparticipación tributaria.
Sin embargo, dichas implementaciones y procesos de distribución no pudieron cumplir con el objetivo fundamental de incrementar las recaudaciones tributarias de manera sustancial para una mayor redistribución de los ingresos.
A partir de 2006, con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y a través del actual Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la política tributaria, aduanera y arancelaria ha resultado ser eficaz en cuanto a la ampliación del universo contribuyente para generar mayores recursos, desde el punto de vista de generar una nueva cultura y conciencia tributaria y la eficiencia administrativa con medidas de lucha contra la evasión fiscal.
Para este caso, tomaré como periodos de análisis 12 años, antes y después de la aplicación del MESCP.
Según datos del SIN y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), entre 1994 y 2005, los gobiernos autónomos municipales (GAM) recibieron transferencias del nivel central del Estado por coparticipación tributaria de Bs 12.914,5 millones, mientras que entre 2006 y 2017 percibieron Bs 66.163,5 millones, es decir 412% más que el periodo anterior.
Asimismo, en el caso de las universidades públicas autónomas (UPA), entre 1994 y 2005 las transferencias por coparticipación tributaria llegaron a Bs 3.233,1 millones; sin embargo, de 2006 a 2017 recibieron Bs 17.356,6 millones, 437% más que el periodo anterior.
De los datos señalados, se evidencia que las transferencias por coparticipación tributaria crecieron abismalmente; sin ir muy lejos, para la gestión 2021, el presupuesto aprobado (techo presupuestario) para los gobiernos autónomos municipales por concepto de coparticipación tributaria ascendía a Bs 5.956,4 millones y para las universidades públicas autónomas, a Bs 1.601,4 millones; sin embargo, ambos niveles percibieron Bs 7.159,3 millones y Bs 1.929,5 millones, respectivamente, es decir un incremento del 20%, equivalente a Bs 1.531 millones adicionales al presupuesto aprobado.
Aterrizando un poco más, en el caso específico del departamento de La Paz, el techo presupuestario de 2021 para el GAM de La Paz fue de Bs 455,7 millones, pero recibió Bs 548,8 millones; la Alcaldía de El Alto, Bs 504,4 millones, pero recibió Bs 607,5 millones; el techo para la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fue de Bs 404,2 millones y percibió Bs 486,8 millones; la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Bs 106,2 millones y Bs 128,7 millones, respectivamente.
En términos generales, los indicadores de gestión tributaria, además del incremento de la recaudación tributaria, muestran un sistema fortalecido, sostenible y con perspectivas estables en el mediano plazo, lo que permitirá al país contar con más recursos para ser redistribuidos a municipios y universidades, y éstos, en el marco de sus competencias, destinarlos a inversión pública, generación de empleo, servicios de salud, educación, entre otros, para satisfacer y atender a la población en general, puesto que somos el principal contribuyente que cumple con el pago de sus impuestos.
Romer Bello Bernal es economista.
