Desde el 10 de junio se implementa en todas las instituciones públicas el pago electrónico para todos los proveedores del Estado, abandonando la tradicional forma de impresión de cheques, que quedará en el pasado. Este sistema fue aprobado el 24 de septiembre de 2021, con la Resolución Ministerial 330 que pone en vigencia el reglamento para transferencias y pagos electrónicos para universidades públicas, entidades territoriales autónomas, descentralizadas, desconcentradas y empresas públicas, pago que se realizará mediante el Banco Unión, a la cuenta de los proveedores.
Con esta nueva modalidad se reducirá el tiempo de pago, trámite que lo realizaba el proveedor en la administración de la institución pública. Un segundo beneficio es la seguridad, porque el proveedor ya no se dirigirá al banco para realizar el cobro y el recojo del efectivo, donde se expone a cualquier hecho de inseguridad. Un pago rápido no solo beneficia a un proveedor, sino que trae un efecto multiplicador para todos los relacionados directa o indirectamente con el proveedor, generando un movimiento económico.
El pago electrónico exigirá mayor compromiso de los gobiernos municipales, gobernaciones y empresas públicas para modernizarse, capacitar e implementar este sistema, y administrar este tipo de transacciones que reducen el tiempo y costos administrativos, además será otra herramienta para mejorar y elevar el nivel de ejecución en la gestión.
Con la aplicación de este sistema, los gobiernos subnacionales deberán generar un ambiente de confianza entre los proveedores, teniendo menos excusas para postergar los pagos, los cuales tienen plazos y condiciones establecidas, y además de eso dejar malas prácticas que van en contra de la gestión pública, como pedir o cobrar porcentajes al momento de emitir un cheque, o caso contrario dejar el pago para la próxima gestión.
Se ha visto muchas veces protestas en contra de los gobiernos subnacionales, en puertas de las alcaldías y gobernaciones, empresas exigiendo el pago correspondiente por sus servicios. Estos actos irresponsables deberían acabarse, porque todo proyecto en su inicio tiene un presupuesto asegurado y garantizado, que al finalizar debe ejecutarse.
Se ha vuelto recurrente de los gobiernos subnacionales, a la finalización de cada gestión, dejar los pagos para la siguiente gestión y mucho más aún si hay un cambio de gobierno, donde el pago y las obligaciones se transfieren a la gestión entrante, dejando de esta manera mucha responsabilidad y comprometiendo en alto grado el presupuesto para la nueva gestión, siendo el directo afectado la población.
Concluyendo, la implementación de un pago electrónico comprometerá más la función pública para mejorar en su gestión, reduciendo la postergación de pagos y se convertirá en un práctico indicador de eficiencia para evaluar la gestión de cualquier gobierno subnacional. Los proveedores podrán recibir su pago en cualquier parte del país, y se deberá mejorar la confianza entre las empresas o microempresas para trabajar con el Estado.
Jesús j. Luque es licenciado en Economía.
