En medio de oropeles: globos, flores, tortas de ocasión, manteles y sillas decoradas, en el flamante edificio Orlando Gutiérrez se realizó el acto de homenaje a los 78 años de fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Si pudiéramos resumir esta gloriosa historia diríamos que es la historia de la defensa de la riqueza minera para beneficio del pueblo boliviano.
En medio de la II Guerra Mundial, mientras aumentaba su riqueza con los precios altos del estaño y los bonos de guerra, allá en Delaware, Estados Unidos, Patiño mandaba a masacrar a los mineros en las pampas de María Barzola. Los mineros aprendieron que el gobierno respondía a los intereses de la gran minería, comprensión que llegó a militares patriotas que depusieron a Peñaranda, nombrando a Gualberto Villarroel. Él alentó la organización de mineros y campesinos, así nació la Federación de Mineros un 11 de junio de 1944, en Huanuni. Allí se denunció el bloqueo que sufría su gobierno y apoyó su política de la entrega obligatoria de divisas al Estado.
El colgamiento de Villarroel significó incertidumbre para los trabajadores y llegaron a la conclusión de que solo su propio gobierno, de obreros y campesinos, podría garantizar sus derechos y el futuro de la nación. Iniciaron su lucha política: participaron en las elecciones parlamentarias de 1947, ganando dos senadores y seis diputados; hicieron del Parlamento una tribuna de denuncia ante los atropellos de la gran minería, como el despido de mineros por su actividad sindical y el uso del ejército para solucionar los problemas sociales, lo que provocó su expulsión del Parlamento y el exilio a Chile de sus dirigentes Lechín y Torres, junto al diputado Lora. Se iniciaría la lucha conspirativa: clandestinamente orientaban los debates en los congresos mineros que cada año se llevaban a cabo, en los que se insistía sobre la falsedad de la democracia y la sumisión del gobierno a la rosca minero-feudal.
Así se llegó al golpe del 9 de abril que abortó, por la traición y la dubitación de la dirección del MNR, para convertirse en una insurrección popular. Tres días de combate y la sangre de 3.000 personas demandaba más que un simple cambio del titular de la silla presidencial, así los mineros impusieron la nacionalización de las minas, al igual que los campesinos, la reforma agraria. La dilatación en dictar las medidas — 31 de octubre de 1952 y 2 de agosto de 1953— y encasilladas por la vía legal, mostraron que el MNR no estaba preparado para su ejecución.
A los días de la nacionalización, ésta no era lo que creían, el estaño seguía fluyendo a las fundiciones de Patiño; como emergencia plantearon la construcción de fundiciones en el país, dieron aporte de sus magros salarios, sabiendo que la fundición y la industrialización son pasos sucesivos para controlar la cadena productiva y tener excedentes económicos.
La crisis inflacionaria de 1956 se debió a la baja productividad, la respuesta fue monetarista: reducir la masa monetaria suprimiendo puestos de trabajo y rebajando salarios. Se cerraron las minas de Pulacayo, Bolsa Negra y Kami, justificándolo por la caída de los precios de la plata y el wólfram; se incentivó el retiro voluntario con bonos extralegales, ofreciendo tierras en el oriente. Los mineros dieron su palabra: la solución era invertir en la producción, que el gobierno deje de utilizar a la Comibol como su caja chica, para invertir en sus empresas.
La oposición a estas medidas fue dura, sus argumentos eran sólidos; la certeza de su discurso se debía al conocimiento de lo que sucedía en la Comibol por la presencia del Control Obrero. La labor de Federico Escóbar, Sinforoso Cabrera, Arturo Crespo, Jorge Zaral, Mario Torres como Control Obrero era ejemplar, por eso el imperialismo y la burocracia se plantearon como objetivo marginar a los obreros de la administración de la empresa, junto a la rebaja de salarios y la limitación a la actividad sindical. Le faltó fuerzas a Paz Estenssoro para aplicar el Plan Triangular que contemplaba estas medidas. En mayo de 1965, ya con el general Barrientos, se aplicarían a fuerza de bayoneta; la resistencia fue larga entre idas y venidas hasta que en 1985 se impuso el modelo neoliberal que liquidó a la histórica clase obrera minera.
La victoria del pueblo boliviano sobre el neoliberalismo abrió nuevos horizontes; los conflictos sociales obligaron a revertir las minas de Huanuni y Colquiri y recuperar la fundición de Vinto. La Asamblea Constituyente captó la esencia de la nacionalización, la Ley Minera traduce la esperanza de construir una empresa estatal con los desafíos de la fundición e industrialización de los minerales, pero no dejan de ser papeles. Falta el ajayu de los mineros de entonces, la necesidad hará madurar las tareas pendientes. Mientras tanto, la estatua de don Juan Lechín Oquendo espera en los sótanos del flamante edificio.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
