El mundo entero es consciente de que todas las acciones y prácticas de la ocupación israelí en los territorios palestinos ocupados son “contradictorias con las normas más básicas del derecho humanitario y el derecho internacional”. Son más de 700 resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 90 resoluciones en el Consejo de Seguridad y 90 resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos, las resoluciones de legitimidad internacional relacionadas con el tema palestino. Ninguna de éstas permite la anexión de las tierras palestinas por la fuerza y todas ellas prohíben y tipifican como delito los ataques a la propiedad pública y privada, incluidos los lugares de culto, culturales, patrimonio, instalaciones sociales y de antigüedades. El país ocupante debe preservar la vida de los residentes de los países ocupados y no ponerlos en peligro o intimidarlos o imponerles sus leyes de ninguna manera. ¿Qué ocurre con las prácticas de la ocupación israelí en relación con estas resoluciones?
Queremos que la comunidad internacional implemente solo una de estas resoluciones que se han ido adoptando durante 74 años. Es triste que seamos el único pueblo del mundo que no obtuvo la implementación de ninguna de las resoluciones de legitimidad internacional. Como ejemplo está la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que fue adoptada por unanimidad y, sin embargo, tampoco ha sido implementada. Como no obtuvimos justicia en el Consejo de Seguridad, ni en la Asamblea General, ni en el Consejo de Derechos Humanos, entonces ¿hacia dónde vamos y qué debemos hacer?
Pero a pesar de toda la injusticia que estamos soportando, adoptamos la política de resistencia popular porque queremos justicia, pero si no la obtenemos, ¿dónde tenemos que buscar la justicia?
La comunidad internacional hasta ahora no ha podido brindar protección al pueblo palestino ni disculparse ante él. No se ha trabajado para hacer justicia a la víctima, para acabar con la soberbia de esta entidad canalla y para detener las continuas agresiones y sus ataques diarios. Como consecuencia, Israel continúa con su provocación descarada y prosigue con sus acciones criminales, que son calificadas como crímenes de guerra, desafiando a la comunidad internacional y a sus decisiones. Todo ello es fruto de la red de apoyo y seguridad que le brindan los países coloniales. Una demostración de todo lo expuesto es el uso excesivo del derecho de veto y la amenaza de utilizarlo siempre para anular cualquier decisión que imponga sanciones en su contra o la emisión de cualquier decisión que pueda conducir a poner fin a la ocupación y la inadmisibilidad de anexarse las tierras de los palestinos por la fuerza, así como el asentamiento en las tierras palestinas ocupadas para hacer justicia a la víctima (el pueblo palestino), al permitirles el retorno y la autodeterminación.
Todo lo expuesto no significa una falta de interés por las normas del derecho internacional, por los acuerdos, tratados y resoluciones internacionales que Israel y sus aliados buscan eludir, sino la necesidad de trabajar en implementarlos y activarlos para enfrentarse a él, haciéndole responsable de sus acciones, obligándole a cumplir las normas y trabajar para hacerlas efectivas.
Las autoridades de ocupación corren a contrarreloj para perpetuar la realidad del apartheid y aplicar la política de extremismo del Gobierno israelí que está supeditada a la aplicación de los planes del bloque extremista del Gobierno. Esta frenética campaña de asentamientos está siendo practicada por las autoridades de ocupación a la luz del continuo apoyo de la comunidad internacional, lo que sienta un peligroso precedente en el tratamiento de asuntos internacionales. Estas prácticas están generando preocupación especialmente por la política de doble moral y su contradicción con las leyes y legislación internacional.
Por lo tanto, señalamos que la ocupación debe terminar lo antes posible. Basta de ignorar, postergar y fabricar pretextos endebles para perpetuarla. El pueblo palestino debe obtener sus derechos plenos íntegros, desde el derecho al retorno, la igualdad y el derecho a la autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado palestino libre, independiente y soberano con Jerusalén Oriental como su capital. Solo así la paz y la seguridad prevalecerán en la región.
Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.
