El tribunal arbitral internacional ha fallado en favor del principal accionista de la AFP Previsión. La demanda fue interpuesta en 2018 reclamando retrasos indebidos por parte del Gobierno de Bolivia en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones. El Estado boliviano tiene ahora la obligación de pagar $us 105 millones al principal accionista de Previsión, que en su demanda insistió en que hizo varias propuestas al Gobierno para transferir la administración de los ahorros previsionales y de las jubilaciones que están a su cargo.
A primera vista, puede resultar extraño que una empresa internacional haya reclamado ante un tribunal por el incumplimiento en la nacionalización, tomando en cuenta que dicha empresa ha seguido operando todo este tiempo, atendiendo a sus clientes, administrando sus ahorros, pagando jubilaciones, generando utilidades, etc. ¿Acaso quería ser estatizada?
La explicación tiene que ver con la naturaleza del negocio.
Las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reciben los ahorros de sus clientes y los administran para devolvérselos después en la forma de jubilaciones o pensiones de retiro. “Los administran” quiere decir que deben invertirlos en algo que sea seguro y rentable, a fin de que los clientes tengan un beneficio de largo plazo. Mientras mayor es ese beneficio son mejores las jubilaciones, y más ganan las AFP, pues su remuneración proviene sobre todo de la comisión que obtengan de los réditos de las inversiones.
Esto no es sencillo. Hacer inversiones que sean rentables es difícil, y lo es más que lo sean a largo plazo. Y el plazo es clave en la gestión de las pensiones. En condiciones normales, se supone que una persona ahorra durante su vida laboral, de 25 a 30 años, para retirarse y recibir una pensión hasta su muerte, lo que puede suceder en otros 25 a 30 años. Una AFP, por lo tanto, necesita una perspectiva de largo plazo. Cada cliente se vincula por 50 a 60 años, y con frecuencia más, si sobreviven cónyuges, o derechohabientes, como dice la jerga de los especialistas.
Esto de los plazos y la necesidad de inversiones rentables muchas veces no lo comprenden ni los interesados. ¿Cómo podría uno ahorrar el 10% durante 30 años, que equivale al ingreso de tres años, y esperar una jubilación por otros 30 años? Solamente si ese equivalente de tres años se multiplica con inversiones rentables que se mantengan así por periodos prolongados.
En Bolivia, la licitación internacional que abrió el sistema de pensiones dio lugar a contratos que garantizaban ese largo plazo. Pero la añoranza por un sistema de jubilaciones excluyente y restringido, pero que se financiaba con los ingresos de todos, llevó al MAS a prometer la reforma. Ella se estableció inicialmente en la Constitución de La Calancha y Oruro, y luego en la nueva ley que creó la Gestora Pública. Con ello se introdujo un grave factor de incertidumbre. El Gobierno ha estado fijando y prorrogando plazos desde entonces, sin que se concrete la transferencia de las cuentas previsionales de las AFP a la Gestora Pública. ¿Cómo planificar para 60 o 70 años los ahorros de un cliente si en cualquier momento el proceso se interrumpe?
Al parecer, Previsión demandó el arbitraje para obligar al Gobierno a tomar una definición que resolviera esa incertidumbre.
El Gobierno está ahora obligado a pagar los 105 millones y hacerse cargo de la administración de Previsión y las inversiones que ésta administra (unos $us 12.000 millones, pertenecientes a 1,4 millones de bolivianos).
Pero hay otro camino, que yo aconsejaría si fuera parte del Gobierno: negociar con la empresa un nuevo contrato que le devuelva la perspectiva de largo plazo. No tiene sentido asumir la obligación de pagar 105 millones para hacerse cargo de un problema complicado, como es el de administrar tanto dinero de tanta gente, sin tener la capacidad institucional para hacerlo. Porque, además, lo que se haga con Previsión sienta las bases de lo que se hará con Futuro, con lo que los costos y el problema se multiplican por dos.
No es seguro que, a estas alturas, los accionistas acepten quedarse, pero tampoco es imposible. Son inversionistas y conocen la importancia de negociar. Nuevos contratos y garantías de largo plazo devolverían certidumbre al sistema. Si el país lo necesita, los ahorristas todavía más.
La Gestora Pública podría convertirse en una tercera AFP, desarrollando la tecnología que se necesita para manejar ahorros a largo plazo, y compitiendo con las otras dos, lo que terminaría por fortalecer el sistema.
La obligación ya está clara. El Gobierno sabe lo que le costará de inmediato persistir en una reforma que es riesgosa e innecesaria. Pero puede enderezar el entuerto con una acción política rápida y clara: negociar con los inversionistas y concertar un cambio en la normativa.
Roberto Laserna es economista de CERES.
