Esta semana, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural realizó la entrega del Anteproyecto Modificatorio de Fortalecimiento a la Ley 348 al presidente Luis Arce Catacora. Con este acto concluye un proceso de construcción colectiva que ha demorado 19 meses en lugar de los 60 días hábiles que el Decreto Supremo 4399 establecía.
Y es que las consultas públicas, el análisis y los consensos, luego de nueve años de implementación de la ley, no supusieron una tarea fácil pues reunieron cerca de 1.000 propuestas modificatorias que fueron la base para una profunda reflexión de las fallas que actualmente provocan impunidad, e incluso constituyen un incentivo para el incremento de los ciclos de la violencia hasta llegar al feminicidio.
Solo un dato para dimensionar el tamaño del problema: del total de casos que ingresan anualmente, el sistema judicial atiende apenas el 45%; el resto es dejado en rezago para la siguiente gestión. De ese total, el 92% se queda en proceso de investigación y solo un 7% pasa a juicio, dando como resultado que apenas el 1% logra llegar a sentencia.
Analizando esta realidad, el anteproyecto presenta 159 artículos que buscan un abordaje integral de la violencia. Veamos algunos de los principales cambios estructurales que plantea.
Un primer vacío que llena respecto a la 348 y que hay que destacar es que la ley explicita la atención, protección y tutela judicial para todas las mujeres, sin ninguna distinción, incluyendo a las mujeres transexuales y mujeres transgénero, uno de los colectivos que mayores índices de violencia y feminicidio sufre actualmente.
Un segundo vacío importante que aborda es la concurrencia y coordinación de los actores para la implementación de la ley. Para ello, propone la creación de la Red Funcional de Lucha y Erradicación de la violencia contra las mujeres para garantizar la coordinación de las políticas y la ejecución de recursos por las instancias nacional y subnacionales. A destacar el papel de articulador territorial que se otorga a las gobernaciones, así como la participación de la sociedad civil en el marco del control social y la implementación de la ley.
Un tercer factor a destacar es que crea un procedimiento penal especial para sancionar delitos de violencia, eliminando etapas o audiencias innecesarias. También refuerza la aplicación de medidas de protección especial desde el primer momento en que la mujer denuncia.
Se crea el Sistema Administrativo Sancionador de actos o hechos de violencia que no constituyen delitos. Este sistema, a ser aplicado por las entidades territoriales autónomas municipales, requiere de todo un cambio de los actuales Servicios Legales Integrales (SLIM), con una importante transformación de sus atribuciones y el fortalecimiento y jerarquización del equipo humano que lo gestiona.
En el anteproyecto en discusión, todos los tipos de violencia tienen un proceso sancionador administrativo y/o penal. Un vacío importante de la 348 es que, si bien reconoce 17 tipos de violencia, muchos de ellos son enunciados, pero no se establece sanción. A este avance se agrega el reconocimiento y sanción de la violencia obstétrica, violencia digital, violencia sindical y acoso callejero.
Sin duda el anteproyecto es un esfuerzo ambicioso en el reconocimiento de los problemas y posibles soluciones. Ahora, la discusión pasa a la Asamblea Legislativa y seguramente el desafío mayor estará en la implementación, donde se espera un liderazgo decidido del ente rector: el Ministerio de Justicia.
Desde la sociedad seguiremos con mucha atención todo este proceso por la responsabilidad compartida que tenemos todas y todos los bolivianos por garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Lourdes Montero es cientista social.
