El Estado Plurinacional y el Gobierno en el proceso de cambios del pueblo boliviano tiene la tarea de crear marcos normativos —como las leyes— que evidencien las reflexiones sobre las opresiones, dominaciones históricas que producen injusticias, impunidad y sometimiento. Los marcos normativos reflejan la voluntad de parte del Gobierno y del Estado de crear sentidos y significados en la sociedad, por ejemplo: “a las mujeres no se las golpea, a las mujeres no se las mata”. Los imaginarios y la cultura de un pueblo se los construye desde distintos lugares, como la familia, las tradiciones, la escuela, medios de comunicación y también las normas y leyes, que dan una noción sobre qué está bien y qué está mal. Las leyes no van a solucionar los problemas, por sí solas, pero ayudan a poner en claro cuál es la posición del Gobierno, del Estado y del pueblo organizado. El camino de profundización y discusión sobre las leyes evidencia el carácter histórico y contextual de ellas, ninguna ley se escribe en piedra.
La Ley 348 fue clara: para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el cuerpo que se protege son los cuerpos de las mujeres. ¿De qué? De la violencia de los hombres. La violencia de los hombres hacia las mujeres es un delito de carácter público y no solo individual y por eso el Ministerio Público está de parte de la mujer víctima.
Ciertamente el machismo, la misoginia, la lesbofobia, que son formas de pensar y comportamientos tan arraigados en nuestra sociedad, se han expresado a través de la mala interpretación y del mal uso de la Ley 348 por parte de las y los administradores de justicia, evidenciando una falta de preparación y de conciencia social, y cuándo no, corrupción y complicidad. Cierto, no se trata de hacer buenas leyes y después que el pueblo se arregle, se trata de presupuestos, de acciones concretas que movilicen a la sociedad, de operativizar y controlar la aplicación correcta de la ley; no basta un año de despatriarcalización, empezar con un quinquenio, cinco años de poner a la despatriarcalización como prioridad. No se tomó en serio la formación de jueces y fiscales, ni tampoco se impulsó las políticas culturales y educativas de despatriarcalización. El Ministerio de Salud tiene otro papel importante que tampoco se ha cumplido, la violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública y al respecto hay muy poco. Los medios de comunicación deberían tener una línea de acción en la lucha para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Ante la presentación del proyecto de profundización de la Ley 348 —que nosotras por supuesto apoyamos— , nos surge una preocupación muy grande: el uso, en los discursos, de “mujer trans”, pues son palabras que se derivan de políticas misóginas neoliberales, destinadas a destruir, anular y desaparecer los cuerpos de las mujeres, diluyendo el significado del concepto de mujer —que refiere a los cuerpos con los que nacemos— en el festival de las opciones. La ley es clara, es para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Se puede esclarecer y ampliar la ley y decir que la 348 protege a mujeres que son personas trans masculinas y protege a personas trans femeninas, también. Pues, la expresión “mujeres trans” nos puso la piel erizada, pues se vulnera el derecho a vivir libres de violencia a mujeres que se autodefinen trans masculinas. ¡Jallalla proceso de cambio!
Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria.
