“Quiero que esos sinvergüenzas lo sepan”, dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a sus seguidores el año pasado. “¡Nunca iré preso!” Tiende a exaltarse cuando habla de la posibilidad de ir a prisión. El destino de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, quien hace poco fue sentenciada a prisión, presuntamente por haber orquestado un golpe de Estado, se percibe con fuerza en el aire. Para Bolsonaro, es una advertencia. De cara a las elecciones presidenciales de octubre, que según todas las proyecciones perderá, Bolsonaro está visiblemente preocupado de también ser arrestado por, como trató de minimizarlo sin dar más detalles, “actos antidemocráticos”. Ese temor explica sus intentos desesperados por desacreditar las elecciones antes de que se lleven a cabo.
Bolsonaro tiene bastantes razones para temer ir a prisión. De hecho, cada vez es más difícil seguir la pista a todas las acusaciones contra el Presidente y su gobierno. Para empezar, está el asunto no menor de la investigación del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre los aliados de Bolsonaro debido a su participación en una especie de “grupo paramilitar digital” que inunda las redes sociales con desinformación y coordina campañas de desprestigio en contra de sus opositores políticos. En una investigación relacionada, el propio Bolsonaro está siendo investigado por su “participación directa y relevante” en la promoción de desinformación, según describe el informe de la Policía Federal.
No obstante, los delitos de Bolsonaro distan de limitarse al mundo digital. Los escándalos de corrupción han definido su mandato y la podredumbre comienza en casa. Dos de sus hijos, que también son servidores públicos, han sido acusados por fiscales estatales de robar fondos públicos de manera sistemática al embolsarse parte de los salarios de asociados cercanos y empleados inexistentes en sus nóminas. Acusaciones similares, relacionadas con su periodo como legislador, se han esgrimido contra él. Las acusaciones de corrupción también giran en torno a altos mandos del Gobierno. Además, está el informe nada favorecedor de la comisión especial del Senado sobre la respuesta de Brasil al COVID-19, que describe cómo el Presidente contribuyó a la propagación del virus y puede considerársele responsable de hasta 679.000 muertes en Brasil.
¿Cómo responde el Presidente a este pliego de cargos que se acumulan? Con órdenes para reservar la información. Si ellas no funcionan, queda la obstrucción de la Justicia. Pero para ejercer ese poder necesita seguir en el cargo. Con eso en mente, Bolsonaro ha estado repartiendo altos cargos en el Gobierno y usando una reserva de fondos, conocida como “el presupuesto secreto” por su falta de transparencia, a fin de asegurarse de contar con el apoyo de los legisladores de centro. Dada la fuerza que han cobrado las demandas de destitución —desde diciembre de 2021 se han presentado más de 130 solicitudes en su contra— necesita todo el apoyo que pueda reunir.
El mayor reto es ganarse al electorado y Bolsonaro recurre de nuevo a triquiñuelas y soluciones alternativas. En julio, el Congreso aprobó una reforma constitucional que le otorga al Gobierno el derecho a gastar $us 7.600 millones adicionales en pagos de asistencia social y otras prestaciones hasta el 31 de diciembre. Si suena como un intento descarado de conseguir apoyos en todo el país es porque lo es. Nadie sabe si esto ayudará a su causa. Pero las señales que envía son inconfundibles: Bolsonaro está desesperado por evitar la derrota. Y tiene muchas razones para querer evitarla.
Vanessa Barbara es columnista de The New York Times.
