La emisión del Decreto Supremo 4783 con relación al pago de utilidades de las empresas públicas bolivianas y las reacciones que se han presentado en los últimos días dejan lugar a un espacio de análisis respecto al concepto de responsabilidad social empresarial, el rol del Estado con relación a las transferencias publico privadas para la reducción de la pobreza y los efectos registrados en Bolivia.
El Decreto Supremo 4783 dispone la transferencia de utilidades registradas en las empresas públicas del país para financiar proyectos de inversión o programas de interés social. De donde ha resultado la polémica acerca de que se pretendería pagar parte de los bonos que son entregados por el Gobierno con estos recursos.
Al respecto, corresponde analizar que la norma antes citada dispone la transferencia de las utilidades registradas por las empresas públicas; consecuentemente, el patrimonio de estas no se vería afectado con esa disposición puesto que, como en cualquier empresa privada, al cabo de un año de trabajo corresponde ver si se ha ganado o perdido, y en su caso reintegrar la pérdida o distribuir la utilidad.
Ahora, en torno a la polémica suscitada, se debe tener presente que, como en cualquier negocio, se estaría cobrando el rédito de la inversión realizada a tiempo de la formación de la empresa, o su nacionalización, y con ello no se está disminuyendo el patrimonio con el que se ha generado esa utilidad, toda vez que es la ganancia del trabajo desarrollado durante un año.
Por otro lado, el concepto de responsabilidad social empresarial utilizado en el decreto resulta muy pertinente con relación a esas empresas que, en realidad, han sido creadas en el marco de un modelo económico que busca precisamente la generación de excedentes para su redistribución, entonces, cuando se utilizan estos recursos para bonos, resulta que se están destinando a su propósito original, las políticas sociales.
Ahora bien, el pago de los bonos, como la polémica ha entendido que es el destino de esas utilidades, constituyen transferencias público-privadas que han demostrado su utilidad como un instrumento de lucha contra la pobreza, aspecto que no es solamente reconocido a nivel local sino que organismos como la CEPAL han reconocido y medido su eficacia.
Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial es justamente eso, devolver a la sociedad una parte de las ganancias que registran en favor de sus grupos de relacionamiento o la sociedad en general; esto en Bolivia, en materia estatal, encuentra un vehículo idóneo a través del financiamiento de políticas sociales destinadas a la disminución de la pobreza como es el destino que se ha manifestado en el Decreto 4783.
En conclusión, cuando se utilizan los réditos de las inversiones del Estado en el financiamiento de políticas sociales y responsabilidad social empresarial, en realidad lo que se está haciendo es reafirmar el compromiso de nuestras empresas públicas con el pueblo boliviano y garantizar el desarrollo y seguridad de nuestras nuevas generaciones.
Rafael Villarroel es economista.
