El último informe del Banco Mundial mejora su proyección de crecimiento del PIB de Bolivia, de 3,9% a 4,1% para la presente gestión, coincidiendo con otros organismos que reconocen el buen desempeño de nuestra economía. Además, la calificadora de riesgo Fitch Rating ha mantenido por segundo año consecutivo la calificación de riesgo país para Bolivia con “B”, la cual muestra una perspectiva de estabilidad del país, en un entorno externo de incertidumbre y volatilidad y de posible recesión.
Las buenas proyecciones estimadas por los organismos internacionales y la calificación lograda pueden verse afectadas por los últimos acontecimientos liderados por una pequeña élite cruceña, que busca la desestabilización económica y política del país. Empecemos recordando la pretensión de incrementar el precio de la carne de pollo, mediante el desabastecimiento del maíz, el cual fue descubierto almacenado en grandes galpones para generar especulación y afectar de forma negativa al consumidor final. La subida del precio del pan, el cual solo tuvo efecto en algunos sectores en la ciudad de Santa Cruz y posteriormente ninguna, con la llegada de la marraqueta a esa ciudad, haciendo honor a su nombre, dando batalla a esa intención y anulándola; por último, en la actualidad pretenden hacer subir el precio de la carne, lo que está siendo controlado mediante mecanismos y atribuciones de Emapa, siendo ésta una herramientas para combatir la inflación y la especulación.
Estos grupos, camuflados en comités cívicos, han tomado el Censo como bandera, para generar desestabilización ante fracasos anteriores. La imposición de este grupo en el último cabildo es ir a un paro indefinido buscando convulsionar el país, obligando a que el Censo se lleve a cabo en 2023 y que sus resultados deben ser entregados en 120 días, para un nuevo padrón electoral en la repartición de escaños, todo esto ignorando aspectos técnicos.
Recordemos que el Gobernador de Santa Cruz fue el único que no asistió al Consejo Nacional de Autonomías donde se trató el tema. Asistió a la reunión técnica del INE el 15 de agosto, donde firmó un acuerdo de compromiso para completar su propuesta técnica que aportara a la realización del Censo, lo cual incumplió. Camacho, que tiene una pésima gestión en la Gobernación y quien el día del cabildo fue apartado de la testera por el Comité Cívico.
La propuesta “técnica” presentada por la UAGRM es de bajo nivel, con un planteamiento técnico de solo dos páginas de un documento de 127, desmereciendo la formación y el nivel académico de esta casa de estudios. El rector de esta universidad, prácticamente se convierte en el portavoz del Gobernador y del Comité Cívico, quien no amplía ni defiende su propuesta y cierra cualquier posibilidad de diálogo o la reunión técnica sobre el Censo.
Sin embargo, en un arranque “de valentía” el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, desafío a un debate técnico sobre el Censo al vocero presidencial; para sorpresa de todos, al día siguiente se retractó, indicando que un periodista le tendió una trampa para subir el rating, a partir de ese momento se negó a cualquier debate o reunión sobre el tema, y solo amenaza al Gobierno con sus peticiones.
Estos son los actores y sus acciones que tienen como objetivo desestabilizar la economía del país, sin pensar en las consecuencias negativas que pueden ocasionar a la población y, sobre todo, a la estabilidad económica. Acciones que generan indignación y vergüenza ajena, porque solo priorizan sus intereses político- partidarios, haciendo cálculos matemáticos sobre cuántos escaños políticos les correspondería después del Censo, lo cual está generando desaprobación de la ciudadanía.
Jesús J. Luque es licenciado en Economía.
