El 10 de octubre de 1982 se consumó una gran maniobra contra el pueblo y su democracia. La dictadura, arrinconada por la lucha popular, acosada por la crisis económica y el aislamiento internacional, buscó cómo soltar la papa caliente que le horadaba. Qué mejor que pasarla al campo popular para que explotara a su tiempo.
La resistencia de los pueblos latinoamericanos a las dictaduras, lucha armada victoriosa y un frente amplio antidictaduras, finalmente, convenció a los estrategas del Departamento de Estado de un giro hacia la democracia, aunque “controlada”. La receta, transmitida a Banzer en noviembre de 1977, no tardó en ser aplicada. Se convocó a elecciones en diciembre, pero no podían participar 500 ciudadanos. La cerradura fue forzada con la huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres mineras, que a los 10 días transformó las iglesias en un polvorín con más de 1.500 huelguistas; tuvieron que ceder, dictando la amnistía general. La convocatoria a tres elecciones dio un ganador que nunca pudo acceder a la presidencia. Entre golpes y resistencia popular, en menos de cuatro años, tuvimos 13 presidentes: la inflación creció 123% en 1982, se impuso el doble tipo de cambio, castigando a las empresas estatales generadoras de divisas. El último golpe tenía un mandato inexorable, entregar el poder a los civiles, el prestigio militar estaba por los suelos.
Con consignas rimbombantes como el “hambre no espera” se impuso la presidencia a Hernán Siles Zuazo, con la fórmula “Congreso del 80” cuya composición era mayoritariamente opositora. La alianza UDP-PS-1 como opción revolucionaria —temor de Banzer para dar el golpe— quedó en el olvido una vez muerto Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo pecado mayor fue luchar contra la impunidad.
Siles quedó cercado por las presiones internacionales para el pago de la deuda externa, la oposición en el parlamento y la lucha social contra la hiperinflación, que cercenaba los salarios. Fue incapaz de romper con la política monetarista. Al final la conspiración vino desde dentro de su alianza, se le redujo un año de su mandato, con la bendición de la Iglesia.
El desastre del gobierno de la UDP arrastró al movimiento popular. Sobre esta derrota política se montó el neoliberalismo, imponiendo el DS 21060, cuyo objetivo principal era destruir el movimiento sindical boliviano: fueron relocalizados 30.000 mineros y 70.000 fabriles, la Marcha por la Vida fue arrinconada con un despliegue militar superior al movilizado en la Guerra del Chaco; se dictaron sucesivamente estados de sitio, se abrieron campos de concentración en Puerto Rico, Rubén Darío, Villamontes, etc. Despedir, apresar, confinar e imponer su mandato a la fuerza: el Estado de derecho lo permitía, al igual que en las dictaduras. El pueblo llamó a este sistema como “democratadura”.
Toda esta tropelía, gracias a la gobernabilidad de la democracia pactada: adversarios en las elecciones se unían para disfrutar del poder. La concentración del poder estaba en el Ejecutivo y sus medidas eran consagradas en el parlamento, la repartija llegaba al Poder Judicial. Era la suma de las minorías para acaparar el poder, no importaba cuántos eran, lo importante era tener los dos tercios del parlamento. Así se violaron los derechos sociales, se pignoró el patrimonio nacional, se bendijo la prepotencia extranjera, se sometió nuestra política internacional, se convivió con el narcotráfico, mientras se luchaba contra los productores de la hoja de coca y el pueblo en general.
Pero nuestro pueblo tiene una memoria larga de lucha por su dignidad y la libertad. En esta nueva realidad encontró nuevos actores y caminos para su marcha, la convergencia se dio en la defensa del agua como un derecho para la vida y la defensa del gas para defender la patria. La democracia de las calles pronto se volcó en una democracia en las lides políticas. Se desterró el partido, sinónimo de fraccionamiento y ego vanguardista, para dar paso a un instrumento, como expresión de las organizaciones sociales en lucha.
Los avances electorales de 2002 ya mostraron una nueva expresión del pueblo en el parlamento, el triunfo de 2005 mostró una verdadera coordinación entre el Ejecutivo y el parlamento para lograr cambios contundentes; la aprobación de la nueva Constitución nos señala el rumbo para construir una democracia participativa y directa, sin desconocer la democracia representativa.
El camino es largo, los tropiezos son muchos. Sin embargo, lo definitivo es que el instrumento político no puede ser un partido, sino la expresión de los intereses de los movimientos sociales, son ellos los que tienen que dar la orientación y la fuerza para avanzar; para ello tienen que recuperar su capacidad crítica y propositiva. En sus manos está la concreción de una verdadera democracia popular.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
