La jubilación, y la administración de los fondos que la financian, han sido objeto de polémica y de cuestionamientos en los últimos días, pero el sistema de pensiones ha sido uno de los capítulos más sensibles de la historia boliviana de los últimos 30 años, que ha constituido un llamado a la lucha de los distintos sectores de nuestra sociedad; hoy en día, toma una vez más el centro de atención del análisis, con posiciones en pro y en contra con relación a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.
Para este efecto, es bueno recordar que a mediados de los años 90 del siglo XX, tuvo lugar una de las reformas estructurales del Estado más polémicas de nuestra historia con la “ley de capitalización” entregando el aparato productivo estatal a manos privadas de consorcios extranjeros internacionales; en paralelo a esto, se dio la reforma de pensiones con aquella “ley de pensiones” que rompió con la lógica de administración jubilatoria, imponiendo un sistema de capitalización individual, cerrando de manera violenta los distintos fondos de pensiones y entregando las acciones de las “empresas capitalizadas” a los administradores del nuevo sistema.
La reforma de pensiones trajo consigo importantes impactos para el Estado boliviano; el primero de ellos, fue una escalada de convulsión interna que concluyó con el silenciamiento sistemático de los disidentes que no estaban dispuestos a consentir estas medidas, con represión y la declaración de estados de sitio que se prologaron por varios meses.
Otro efecto fue que el costo financiero de la entrega de los fondos de pensiones a empresas privadas —que después comenzaron a llamarse familiarmente como AFP—, fue absorbido enteramente por el Estado sin tener ninguna fuente de financiamiento para ello, raíz del fuerte déficit fiscal experimentado; con el costo social que vivimos a finales de los años 90 y la primera parte del nuevo siglo, junto a las protestas de ancianos en la calle que se encontraban en la “generación sándwich” o que cobraban jubilaciones que hacían inviable la subsistencia.
Lo anterior produjo que en los gobiernos que sucedieron a la reforma de los años 90, se introduzcan cambios que sensibilicen el sistema de pensiones; sin embargo, fueron insuficientes, creciendo a la par la demanda de una nueva reforma de pensiones que humanice este sistema.
Los sucesos citados constituyen el antecedente de la nueva Ley de Pensiones y la creación de la nueva Gestora, donde no solamente se han hecho cambios que permitan una renta universal de vejez (Renta Dignidad), sino que se ha aumentado un componente solidario a la jubilación de quienes no pueden acceder a una renta que garantice su supervivencia. Sin perder de vista que esta reforma ya cuenta con 12 años y sus resultados son notables.
De todo esto, resulta poco comprensible que sectores que hace 30 años estaban en las calles luchando contra la privatización del aparato público estatal y del sistema de pensiones, hoy pidan la permanencia de empresas privadas que tuvieron en sus manos la administración de las empresas capitalizadas a nombre del Estado con los resultados que se conocen, impidiendo la profundización de un sistema de pensiones que ya cuenta 12 años y ha demostrado la solidaridad de los bolivianos con sus mayores.
Rafael Villarroel es economista.
