Con la fuerza de un reestreno —Los Caudillos Bárbaros— de los clásicos del siglo XIX irrumpieron en la escena personajes grotescos que perturban la tranquilidad nacional.
Con la voz altanera anuncian cartas de renuncia y decretos para que los firme el titular al que dicen no reconocer, ya que piensan tener la fuerza para imponérselo; su legitimidad viene de una multitud convocada, confundiendo un cabildo —ente deliberante— con una proclamación de un bando carnavalero. De allí surgen plazos y amenazas, amenaza que se convirtió en realidad en 2019, en medio de una paralización ciudadana y la traición de quienes son llamados a guardar el orden constitucional.
Su arma preferida es el paro cívico, paralización de toda actividad de la ciudadanía, a fuerza de la amenaza y la coerción social. A diferencia de la huelga, donde la clase obrera deja de trabajar y por tanto de percibir un salario, en la lógica que su acción priva al patrón de sus ingresos derivados de la creación de valor por su trabajo, acá, al paralizar la calle, como centro de la actividad económica de la mayoría de la población: comercio, transporte urbano, mercados, gastronomía, servicios, etc., se les priva de la posibilidad de sobrevivir a estos miles de “emprendedores” que creó el neoliberalismo como colchón social mientras se cerraban las empresas estatales.
Con asombro, la ciudadanía descubrió que el paro no era total, el parque industrial seguía trabajando, al igual que la pujante agroindustria, dizque para precautelar la economía cruceña, confirmando que la otra actividad no les interesa. Así esta nueva oligarquía que da las órdenes del paro no para, lo mismo ocurre con las cooperativas de teléfonos, electricidad, que siguen prestando servicios y cobrando a esa masa de ciudadanos parados. Alguien se permitió aclarar que la burocracia estatal (gobernación, universidad, servicios, etc.) seguirá percibiendo sus salarios porque acatan lo que les ordenaron, cuando las cabezas visibles del movimiento son sus autoridades. Ni qué decir del sistema financiero que, a puerta cerrada y abierta al mundo, en forma virtual sigue procediendo a las transacciones del comercio exterior, mientras se priva a la población humilde de acceder al bono Juancito Pinto. El paro es contra esa enorme masa del pueblo que cada día tiene que buscar su sustento, mientras los otros pueden garantizar sus ingresos y gozar de sus bien surtidas despensas.
Las autoridades que dirigen el paro son autoridades electas por el voto ciudadano y universitario, no tienen el poder total, son autoridades que ejecutan las políticas que determinan sus entes deliberantes; los que definen sus políticas, programas y acciones hoy las ignoran completamente. La Asamblea Legislativa Departamental es la genuina representación de la ciudadanía del departamento —mientras que el comité cívico es una rémora de la sociedad oligárquica— y este poder legal y legítimo se lo acalla, hasta se lo ignora. Ni qué decir de una universidad autónoma que recibe órdenes de órganos ajenos a la actividad académica, aunque sean multitudinarios.
Para la locomotora cruceña la huelga no es económica, tampoco afecta al Gobierno central, que recibirá los impuestos al final de la gestión; entonces se concluye que el paro solo busca crear el descontento social, para que se derive en protestas contra el Gobierno, por su “incapacidad” de resolver un problema; mientras tanto crece la bola, convirtiéndose en una crisis política, buscando la conclusión: si no hay Censo 2023, ¡renuncia!
Esta lógica conspirativa ha fracasado, fueron los propios ciudadanos cruceños que, viendo conculcados sus derechos humanos: a la libre circulación, el trabajo, la salud, la educación, la libre expresión, reaccionaron, echando basura y cerrando las empresas emblemáticas del poder económico; son ellos los que denunciaron que el paro no es total, son ellos los que salen a las calles a realizar sus actividades diarias, sobreponiéndose a las amenazas, ante la urgencia de comer; son los que hacen cercos como respuesta a las barricadas de los “pititas”.
Otro signo de su creciente fracaso es el aislamiento nacional, los pocos grupos de “activistas” no logran convulsionar a otros departamentos, aunque todavía quedan voces bravuconas que hablan a nombre del pueblo, cuando las asambleas departamentales no tienen el cuerpo para decir esta boca es mía.
Los promotores de estos entuertos lo tienen claro, es su última oportunidad; su fracaso nos da la posibilidad de construir nuestra democracia directa y participativa, en todos los ámbitos de la vida social, económica y política, con la participación de todos y todas.
La democracia es total o no lo es.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
