La actividad minera contribuyó con 1% del PIB, en promedio, en los últimos 20 años, frente a una presión tributaria que rondó el 19% del PIB en similar periodo.
La baja recaudación minera se debe a que —separando el estaño y el zinc— la mayor parte de los minerales es extraída por cooperativas mineras (tres cuartas partes). En el caso del oro estas formas de organización productiva concentran más del 95% de su producción y exportación.
Según las estadísticas de comercio exterior hasta agosto, las exportaciones de oro alcanzaron $us 1.995 millones, llegando a ser el segundo commodity más importante de exportación (22% del total), solo $us 41 millones por detrás del gas natural ($us 2.036 millones). Sin embargo, el tratamiento tributario entre ambos sectores es diametralmente opuesto a pesar de tratarse de dos materias primas con características agotables similares.
Mientras el sector hidrocarburífero está gravado por regalías departamentales de 11% y 1%, participaciones al TGN por 6%, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 32%, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25%, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en toda la cadena, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD), entre otros; el sector minero cooperativista aurífero solo tributa 2,2% de regalías, además del IUE y el IVA. Pero, detrás de la figura del cooperativismo se esconden grandes empresas, incluso de capitales extranjeros que extraen oro en grandes cantidades pero que subdeclaran su explotación para beneficiarse de menores alícuotas e incluso su omisión total.
Esta es la razón de por qué la presión tributaria en minería es de solo 3% de su PIB sectorial, mientras que otros sectores como hidrocarburos aportan el 30% de su PIB, la industria 18%, los servicios financieros 11% (datos de 2019 para no tener distorsiones por la pandemia).
Actualmente, el sector en conflicto con el Gobierno aspira a pasar del régimen general a uno monotributista como ocurre en el caso del régimen simplificado, integrado y agrícola unificado, de manera de dejar de pagar por el IUE y el IVA a cambio de una alícuota proporcional al precio del oro de 4,5%.
El oro se ha convertido en la actividad más lucrativa de Bolivia. Desde principios de la pandemia en marzo de 2020 hasta octubre de 2022, el precio del oro se ha incrementado en 32%. Imagínese una inversión que por cada boliviano que invierta le reditúe una tasa de interés de 32%. Por supuesto que sería fantástico, aunque inverosímil. Como comparativo tenemos las tasas de interés de 6,5% y 6,95% que reditúan los bonos navideños del Banco Central, que están por encima de lo que actualmente paga la banca a sus ahorristas. En consecuencia, quienes más ganan son quienes hoy piden pagar menores impuestos.
Esta demanda genera más malestar e indignación a la población boliviana porque se realiza en un periodo en el cual muchas personas han perdido sus puestos de trabajo o se han visto obligadas a cambiar de ocupación producto de la pandemia. Otras tantas han aceptado condiciones laborales menos favorables (salarios más bajos o trabajos temporales) con tal de mantener su fuente de ingreso estable. En contraste, los salarios en el sector minero no cayeron y, por el contrario, se incrementaron por efecto de los mejores precios.
El cooperativismo está muy lejos de ser una actividad sin fines de lucro como inicialmente fue concebido. Cuando el Estado cedió su derecho a la explotación de esos recursos naturales y aceptó una contribución mínima, lo hizo en un contexto de bajos precios internacionales, entendiendo que era una actividad de supervivencia. La actual actividad minera aurífera no encaja desde ningún punto de vista en los esquemas de los regímenes especiales.
El término “lumpen” es un eufemismo utilizado por Carlos Marx para referirse a un segmento de la clase proletaria que profundizaba las relaciones capitalistas y para su subsistencia desarrollaba actividades al margen de la legalidad. Este eufemismo podría describir simbólicamente al sector cooperativista, que en el último decenio aportó modestamente a las arcas del Estado, pero del cual se ha beneficiado bastante.
Omar Velasco Portillo es economista.
