En el momento que escribí este artículo, el conflicto focalizado en la ciudad de Santa Cruz seguía su curso. El desenlace estaba abierto e imprevisible. Esta incertidumbre política se infiere por el accionar de los actores estratégicos en disputa: el Gobierno y el Comité Cívico/Gobernación cruceña. Ambos actores asumieron la estrategia, conocida en la teoría de los juegos, como “suma cero”: cuando un jugador gana, el otro pierde la misma cantidad.
Esta estrategia no da cabida, o subalterniza la negociación a intereses maximalistas: Gano o pierdo, la consigna. La definición de la fecha del Censo es el objeto de disputa política. Por una parte, cívicos cruceños buscan que sea en 2023 y, por otra parte, el posicionamiento inalterable del Gobierno de no modificar sustancialmente la fecha programada para 2024.
¿Por qué este posicionamiento intransigente de ambos actores? Al parecer, este conflicto es una especie de la “madre de todas las batallas”, en la cual se dirimiría una suerte de “quién doblega a quién” en lo coyuntural y en lo estructural, está articulado a la reconstitución hegemónica. He allí el nudo gordiano del conflicto.
Las posturas radicalizadas del Comité Cívico/ Gobernación cruceña traducidas en un paro indefinido con bloqueos develan que los instigadores de este conflicto si ceden van a perder muchas cosas, quizás la libertad del principal instigador, el actual Gobernador cruceño. Pero, sobre todo, van a perder el “control del miedo”: mecanismo político amenazador que funcionó para perpetrar el golpe de Estado de 2019 y, luego, bajo la consigna “paz por olvido”, fue un instrumento para lograr la impunidad de los perpetradores de la cruzada golpista.
El Gobierno, por su parte, sabe que claudicar, una vez más, a las imposiciones (léase caprichos) del Gobernador cruceño sería ceder su principio de autoridad tan necesario para gobernar. En ese contexto, sería una derrota que tiene un antecedente funesto en octubre de 2021, cuando el gobierno del MAS, merced a la presión de los cívicos cruceños, retrocedió en la ley para impuesto “a grandes fortunas”.
Quizás, el Gobierno asumió su yerro político posvictoria electoral de 2020 que significó una estocada para los golpistas, pero, los vencedores no entendieron que al frente tenían a la ultraderecha y optaron, en aras de la pacificación del país, por un discurso reconciliador que permitió a los golpistas no solo tener oxígeno, sino legitimarse vía elecciones subnacionales. Y así, desde Santa Cruz, retornaron las andanzas desestabilizadoras a la democracia bajo la batuta del Gobernador.
En este juego de tira y afloja están embargados los actores estratégicos, lo que hace difícil pensar en una salida consensuada, los actores asumieron la estrategia de la “suma cero” o el “todo o nada” en la cual prevalece la lógica de guerra que sumada a un “discurso de odio” de la ultraderecha, complejiza enormemente una salida al conflicto.
A diferencia de octubre/noviembre de 2019, no hay una subjetividad movilizadora (vgr. la narrativa del fraude electoral), por eso los cívicos optan por un discurso identitario, sobre todo, ante el anuncio del cerco sobre Santa Cruz y, aun peor, optan por la violencia quizás para buscar muertos y azuzar así la indignación ciudadana para doblegar al Gobierno.
Entonces, la ley del todo o nada donde cabalgan los actores estratégicos del conflicto complejiza una salida al conflicto que, en el marco de una racionalidad, sería el diálogo; pero más allá de estas razones, quizás la disputa política de fondo está referida con la restauración de la hegemonía.
Yuri F. Tórrez es sociólogo.
