Han pasado tres años desde la coyuntura crítica de 2019 y estamos lejos todavía de tejer un relato mínimo común sobre los hechos, que nos recomponga como sociedad. Persisten las versiones polarizadas, ávidas de imponerse como verdad absoluta. Y las heridas/ venas continúan abiertas, sin derecho a convertirse en cicatriz. Así, la reconciliación, el encuentro, son imposibles. Queda solo una frágil tregua, a la espera del siguiente conflicto, hasta derrotar al enemigo.
La crisis de octubre-noviembre de 2019 tuvo diferentes fases que, siendo continuas, no se condicionan. Se identifican tres: las fallidas elecciones, contaminadas por la querella sobre la reelección y una bien construida profecía autocumplida del “fraude”; la movilización urbana que, gracias al motín policial y la insubordinación de las FFAA, derivó en el derrocamiento del expresidente Morales; y, la imposición de un régimen provisorio que se estrenó con dos masacres.
Si bien la disputa “fraude versus golpe” es una falacia, hay relatos irreconciliables sobre ambas cuestiones. En clave de creencias- trinchera, unos alegan que hubo “fraude monumental”, aunque no pudieron aportar ninguna evidencia para demostrarlo. Del otro lado están quienes aseguran que el “Plan B” (autoproclamación ipso facto, arropada de uniformes y sotanas), distinto del A (sucesión constitucional) y bajo amenaza del C (junta cívico- militar), fue un golpe de Estado.
Más allá de la inútil pugna por imponer una versión, degradando cada vez más la conversación pública, lo que resulta incontrastable e inequívoco es que en noviembre de 2019 hubo dos masacres por obra del gobierno de Áñez. Con el aval de un decreto que las eximía de responsabilidad penal, las fuerzas militares y policiales dispararon a población indefensa con la intencionalidad de matar, incluyendo torturas y ejecuciones sumarias. Qué extraña/maldita forma de “pacificación”.
Sobre las masacres no caben relatos ni atenuantes. Contrariamente a las declaraciones oficiales de aquellos días, repetidas sin sonrojarse por varios operadores mediáticos, el fundamental informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes documenta y demuestra sobradamente las masacres de Sacaba y Senkata. Es una valiosa simiente de verdad. Pero tres años después, todavía no hay justicia, ni reparación plena a las víctimas, ni garantía de no repetición.
Las narrativas siempre se anticipan a la violencia. Y la nutren. Lo acabamos de ver, otra vez, en el anodino enfrentamiento sobre la fecha del Censo. “No es un callejón sin salida aquel en el que se puede dar marcha atrás”, decía Lec. Cuidado que incluso tal repliegue termine bloqueándose.
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1. Grupos de choque del comité tomaron algunas rotondas de la ciudad para hacer cumplir con violencia el paro indefinido impuesto en un cabildo de acarreados. 2. Como reacción, ciudadanos de algunas provincias, pidiendo ser escuchados, realizaron un cerco pacífico en cumplimiento del mandato legítimo del masivo cabildo popular. 3. En desesperada respuesta al cerco, hordas enviadas por la gobernación se movilizaron para agredir a los vecinos que por convicción y amor a su tierra cortaban las rutas. 4. Un líder del oficialismo calificó de “bestias humanas” a los cívicos que agredían, impedían el paso de ambulancias, cobraban peaje. 5. Mientras tanto, familias de cruceños cuidaban, en un ambiente festivo, los contrabloqueos asumidos como protesta ante el criminal paro del comité. 6. El Arzobispo criticó a los cívicos calificándolos de invasores. El cerco en defensa de Santa Cruz, en tanto, fue bendecido. 7. Mientras el cerco voluntario se disolvió pacíficamente, violentos miembros de la UJC “hacían cumplir” el paro con basura, insultos y amenazas. Seguiremos (des)informando.
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.
