El 8 de noviembre, se cumplieron dos años de gestión del presidente Luis Arce, quien fue elegido democráticamente con el respaldo mayoritario del pueblo boliviano (55,11%), recuperando de esa manera el orden constitucional, tras su ruptura y la toma de mando del gobierno de facto, debido a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019.
Durante el gobierno de facto, Bolivia inició un periodo de incertidumbre con terribles impactos negativos en su economía y en la calidad de vida de la población, sumado a este escenario el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública de ese gobierno, llevando a la economía nacional a una profunda crisis con un acentuado decrecimiento económico de -8,7%, que significó una pérdida de más de $us 4.000 millones; el déficit fiscal alcanzó el 12,2%, traducido en un pronunciado descenso de ingresos y retroceso de gastos de capital, desplomando la ejecución de inversión pública a 52,7%, de $us 3.769 millones (2019) a $us 1.784 millones (2020), y una tasa de desempleo que se incrementó a 11,6%.
Al ver un país con indicadores económicos negativos, los cuales se tenían en el viejo modelo neoliberal (1985-2005), indudablemente el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia implementó medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar la salud de las bolivianas y bolivianos mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.
Para mitigar la crisis sanitaria, se asignaron recursos por un total de Bs 8.181 millones (2020-2021) para la adquisición de vacunas de inmunización masiva, pruebas de diagnóstico temprano, medicamentos, insumos y equipos para hospitales, así como la contratación de personal médico. La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) destacó los resultados obtenidos con la implementación y puesta en marcha del referido plan.
Entre las medidas efectuadas por el lado de la demanda, se resalta: restablecimiento de la inversión pública con $us 5.015 millones en la presente gestión y $us 3.323 millones en 2021; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) con Bs 1.500 millones en favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para financiar proyectos de inversión para la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos; Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) con Bs 2.000 millones; Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Bol-34 con $us 100 millones; creación de ítems para salud y educación; incrementos salariales, entre otras políticas de alto impacto económico y social.
Por el lado de la oferta se tiene: fortalecimiento y reactivación de empresas públicas; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; apoyo al sector productivo y promoción de la política de sustitución de importaciones mediante el crédito SIBolivia con Bs 1.261 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBolivia; Fondo de Garantía para Créditos para el Sector Gremial por $us 10,23 millones; Programa Mujer BDP; Programa de Educación Económica- Financiera; ferias de servicios financieros; ley de incentivos tributarios para el sector agropecuario e industrial, entre otras medidas que permiten ampliar y mejorar la producción de bienes y servicios a nivel nacional.
Entonces, estos dos años de gestión del presidente Arce han permitido devolver a la población la esperanza y la estabilidad, por cuanto Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico sostenido, con reducción de la deuda externa, además de tener una inflación baja y controlada, así como un sistema financiero sólido y bolivianizado. Asimismo, la continuidad del MESCP tiene como resultado la priorización de la demanda interna, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo y de la desigualdad, toda vez que la administración de la economía boliviana es efectuada de manera soberana.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.
