El país está sumergido en un callejón sin salida a raíz de una pulseta por la fecha del Censo de Población y Vivienda. Todo comenzó con la postergación del empadronamiento inicialmente previsto para el 16 de noviembre de este año.
Son 33 días de paro indefinido en Santa Cruz, que se justificó en demanda de Censo en 2023, a pesar de la modificación planteada en el Consejo de Autonomías del 12 de julio, cita a la que, de los nueve gobernadores del país, no asistió Luis Fernando Camacho.
Mientras, sin necesidad, el diferendo pasó a la Asamblea Legislativa, conviene revisar algunos hechos que desnudan la naturaleza del conflicto que comenzó por la tarea ineficiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) — que había garantizado el Censo de 2022— y prosiguió con su uso político.
El principal actor es Camacho, que dejó sus responsabilidades de gobernador para ocuparse, de facto, de sus viejas funciones de dirigente cívico. Su gestión —que ya mostraba cifras rojas— está en el limbo luego de no solamente los 33 días de paro, sino desde mucho antes. Ya le dijeron que su hábitat es la confrontación, en desmedro de su gestión.
Desconoció la sugerencia de postergación del Censo del Consejo de Autonomías, desautorizó a sus ocho colegas a los que, al contrario, los llamó “masistas” y tildó de “vendidos” por apoyar la medida. Eludió una a una las oportunidades de diálogo, desahució las mesas técnicas, insinuó la resistencia civil, promovió la discriminación y el racismo al considerar que quienes se reunían en un cabildo contra el paro eran avasalladores, y validó la violencia de sus seguidores y la parapolicial Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
Su carácter autoritario también tocó a sus correligionarios como el rector Vicente Cuéllar, a quien le recordó que tendrán “muerte civil” quienes osen traicionar a Santa Cruz. ¡Y se puso camisa de fuerza al insistir en que conseguirá Censo en 2023!
Con su lógica, Rómulo Calvo se convirtió en su lugarteniente, con el antecedente de una vez haber llamado “bestias humanas” a los migrantes en Santa Cruz y haber promovido el desconocimiento del triunfo electoral de Luis Arce, a quien incluso le recordó que tiene “la receta para tumbar” gobiernos.
Los cruceños, y los bolivianos, están ahora a merced de ellos, cuya protesta más parece un matonaje que movimiento cívico. Cierto, entre los manifestantes seguramente hay ciudadanos convencidos de su protesta legítima, pero en el marco de la democracia.
Todo comenzó con las preguntas predeterminadas que validaron en un cabildo que no fue 1.530.000 personas —como certificó una notaria de Fe Publica contratada por el Comité pro Santa Cruz— sino de solo 229.126, según estableció en un estudio el Tribunal Electoral.
El paro emanado de ese cabildo no es pacífico y ha degenerado en peores formas de protestar. Hay una serie de hechos violentos evidentes, más la muerte de cuatro personas en circunstancias vinculadas al movimiento: una persona golpeada por movilizados por el paro en Puerto Quijarro, otra degollada por un cable en un punto de bloqueo y dos apuñaladas entre sí debido a disputas por el control de otro de los puntos de bloqueo. Además, la quema y el saqueo de sedes sindicales.
Muchos puntos de bloqueo se han convertido en puntos de matonaje, con acciones ilegales como el cobro de “peajes”, el acoso a mujeres, el abuso a enfermos, el control de credenciales, el cierre al paso de ambulancias y, lo indignante, la revisión de ataúdes y carros fúnebres. También, en el lado más romantizado, en puntos de fiestas, matrimonios, cumpleaños, churrascos, borracheras, juegos de póker, piscinas, árboles de Navidad o televisión abierta para ver el Mundial de fútbol.
Ni es paro voluntario. La UJC se encarga de amedrentar y atacar a quienes no se someten.
Lo peor, la protesta abusa del pueblo. Senadores y diputados de la alianza de Camacho admitieron que es imposible el Censo en 2023, pero no se atreven a informarlo así.
Todo, naturalizado y relievado por algunos medios de información masivos, que cuentan esos extremos como si fueran normales y no atentatorios contra los derechos humanos.
Rubén Atahuichi es periodista.
