El líder extremista israelí y jefe del partido Likud, Benjamin Netanyahu, prestó juramento de su sexto mandato el 29 de diciembre, siendo nombrado como el actual jefe del Gobierno israelí, el más extremista de su historia, en asociación con los fascistas, Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional y Bezalel Smotrich como “coordinador de las acciones de gobierno en los territorios palestinos ocupados”. Netanyahu vuelve así al cargo que dejó hace aproximadamente un año y medio, tras estar 15 años al frente de distintos gobiernos de manera intermitente. El parlamento israelí, “la Knesset”, dio su confianza al 37º gobierno de Israel con una mayoría de 63 votos y con la oposición de 54 miembros.
El nuevo gobierno de Netanyahu está formado por 31 ministros, incluidos legisladores condenados por cargos penales y figuras involucradas en el extremismo, la incitación, el asesinato y el terrorismo. Recientemente la “Knesset” había aprobado en varias sesiones una serie de leyes que permitían a los condenados por cargos de corrupción ocupar una cartera ministerial o cambiar de cargo entre las distintas instituciones.
Netanyahu publicó a través de Telegram que su gobierno preservará el carácter judío del Estado y su visión, posiciones y políticas hacia los palestinos, perpetuando la ocupación de la tierra del Estado de Palestina y profundizando el asentamiento en ella y que completaría el establecimiento del régimen de apartheid en la Palestina ocupada. Dichos planes están diseñados para ganar el tiempo necesario para completar el futuro arreglo de las cuestiones del conflicto unilateralmente y por la fuerza de la ocupación, lo que llevará a socavar la oportunidad de encarnar el Estado Palestino en las fronteras de 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital, en aplicación del principio de la solución de dos Estados.
El objetivo de este gobierno es la continuación de la política de abuso y genocidio del pueblo palestino que solo conoce el lenguaje de la fuerza, de dominación y de control militar, en grave violación del derecho internacional, del Cuarto Convenio de Ginebra y de la Carta de las Naciones Unidas, así como de muchas resoluciones de su Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.
La política israelí del nuevo gobierno de Netanyahu confirma de manera práctica que no hay un socio israelí para hacer la paz; el gobierno de ocupación se niega incluso a reconocer las resoluciones de legitimidad internacional relacionadas con la cuestión palestina y el principio de la solución de dos Estados, adoptando las ideas del extremismo fascista e ignorando al pueblo palestino y su historia en Palestina y combatiendo la resistencia a la ocupación.
El silencio de la comunidad internacional respecto a las políticas del nuevo gobierno de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich en relación con la cuestión palestina, es una prolongación de la doble moral internacional y una forma de protección de las próximas violaciones y crímenes de la ocupación, así como de las prácticas de los neofascistas. Todo ello exige una acción internacional efectiva que salga del círculo del diagnóstico y reclamos; deben expresar preocupaciones y temores relacionados con las dimensiones del conflicto y algunas de sus consecuencias, y hacer un esfuerzo real y efectivo para resolver el conflicto, tomando las medidas y presiones necesarias para obligar al Estado ocupante a participar en un proceso político real que conduzca a poner fin a la ocupación de la tierra del Estado de Palestina, de conformidad con las resoluciones de legitimidad internacional.
Israel se ha dado cuenta de que sus crímenes reciben un silencio internacional injustificado y como la comunidad internacional, a través de la política de doble moral, ha dejado claro que está muy lejos de responsabilizar a los líderes de la ocupación por sus crímenes y de llevarlos a la Justicia, indirectamente impulsa al Gobierno israelí a que prosiga ignorando el derecho internacional y a continuar aplicando la política de ejecuciones a sangre fría, la política de depuración étnica y apartheid sin disuasión ni rendición de cuentas.
El pueblo palestino se aferra a su derecho a la independencia de acuerdo con la legitimidad internacional y no está dispuesto a pagar con la vida de sus hijos. El pueblo palestino se niega a vincular su libertad e independencia a la naturaleza de los sucesivos gobiernos israelíes.
Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.
