Superposición y anacronismo son rasgos de la coyuntura abierta con el apresamiento del gobernador de Santa Cruz. Superposición de estrategias en el oficialismo y la oposición que obnubilan las características del apresamiento de Luis Fernando Camacho. Y anacronismo discursivo que se condensa en el comunicado de la Iglesia Católica que volvió a negar el golpe de Estado y afirmó que esa detención fue un “secuestro”. No fue tal, obviamente, puesto que ese hecho se produjo porque el acusado en el caso Golpe de Estado I se negó a cumplir cuatro citaciones para realizar declaraciones, en algunas circunstancias ejecutando acciones dilatorias, como el inicio del paro cívico en Santa Cruz por el tema del Censo en la fecha que estaba notificado para una audiencia en La Paz. Por ese motivo se ejecutó la orden de aprehensión, por razones procedimentales, no obstante coincide con dos hechos políticos.
En primer lugar, con la exacerbación de las pugnas en el MAS-IPSP que son parte de una reyerta cupular entre dirigentes partidistas y autoridades gubernamentales en torno a la candidatura presidencial para los comicios de 2025. Es dable suponer que la acción judicial contra Camacho fortalece la figura de Luis Arce y le quita a Evo Morales un tema de crítica al Gobierno al que acusó de aliarse con “la derecha” y esquivar la búsqueda de justicia para las víctimas de las masacres de 2019.
En segundo lugar, coincide con el debilitamiento del Comité Cívico cruceño que, después de un mes de paro, intentó disfrazar su derrota con la aprobación de la “ley del Censo”, una derrota que puso en cuestión el liderazgo excluyente de Camacho y en evidencia el carácter irresuelto de la recomposición política en las élites cruceñas. Desde 2020, Demócratas fue desplazado por Creemos de la Gobernación, empero, estos días, Rubén Costas retornó a la palestra y es preciso recordar que su partido dominó el ámbito departamental durante 15 años. Por su parte, la Alcaldía cruceña está bajo el mando de Jhonny Fernández que ya había vencido en los comicios municipales de 1995 y 2000 como candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), denotando que es un actor con arraigo en sectores populares. En las elecciones generales de 2020, Creemos y UCS fueron la base del frente que postuló a Camacho a la presidencia, empero esa alianza se quebró cuando, en 2021, Fernández postuló a la alcaldía por su partido al margen de Creemos, demostrando cierto grado de autonomía respecto a las logias que definen la distribución del poder en esa región y, por eso, nunca se alineó a los intereses del Gobernador. Por cierto, Camacho forma parte de la logia Caballeros del Oriente, Costas de Toborochi —igual que Rómulo Calvo— y como dentro de un mes se realizarán elecciones en el Comité pro Santa Cruz es posible que surjan indicios de un acuerdo para resolver las pugnas intraelitarias que explican por qué el actual paro cívico transcurre entre el radicalismo discursivo de la Asamblea de la Cruceñidad y el cauto apoyo empresarial a las medidas; entre los ataques violentos de la Unión Juvenil Cruceñista y las vigilias vecinales. La ausencia física de Camacho impulsará, sin duda, la recomposición en las élites cruceñas que están impelidas a perfilar un proyecto político que proporcione sentido a esa vaga idea de “replantear las relaciones con el Estado” que, aunque no sea secesionista, solamente debilita su escasa capacidad de acción hegemónica. Una capacidad que el MAS-IPSP dilapida desde octubre de 2020 poniendo en riesgo la renovación programática de su proyecto estatal.
Fernando Mayorga es sociólogo.
