El caso por el que ahora se lo acusa era “Luis Fernando Camacho y otros”, que luego fue llamado caso Golpe de Estado I, referido a las acciones que terminaron con el derrocamiento de Evo Morales en 2019 y la proclamación de Jeanine Áñez.
Principal acusado, el ahora gobernador de Santa Cruz se libró por meses de ser detenido; Áñez, su vieja aliada, corrió peor suerte nada más a la semana de perder las elecciones por la Gobernación de Beni, el 7 de marzo de 2021. Fue la primera detenida del caso; cayó el 13 de marzo de ese año cuando se aprestaba a huir a Brasil.
Se supone que su victoria electoral le salvó a Camacho. Había recobrado relevancia política y respaldo popular luego de su fallido intento de llegar al poder al liderar en 2019 las movilizaciones contra el gobierno de Morales. No era presa fácil, particularmente por el arraigo popular que había logrado, a diferencia de Áñez, que no gozaba ese respaldo sino orfandad política.
Ahora entre rejas, Camacho debe responder por todo lo que hizo en la crisis poselectoral. Sus acciones lo develaron y, peor, sus mismas declaraciones en una reunión de amigos de su fraternidad lo incriminan ahora.
Quienes defienden la “constitucionalidad” de la sucesión de Áñez, que llegó al poder en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia del MAS, consideran que el juicio contra el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz es “un invento”.
Quizás la Justicia no sea la más creíble, pero las acciones de Camacho en 2019 fueron evidentes, que colisionaron con la ley, aunque, en su momento, no tuvo reparos por quienes no comulgaban con su forma de irrupción en la crisis y menos una cobertura de medios que le hiciera notar que lo suyo no era usual para la democracia.
Comenzó invocando a las Fuerzas Armadas para sus fines y luego propuso a la Policía Boliviana la atención de sus demandas institucionales en el “próximo” gobierno. Conminó a Morales, con una llamativa certeza, a renunciar en 48 horas y sentenció su “punto final”.
Y más. Sugirió la “sucesión” de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, propuso que una “junta de notables” se haga cargo del nuevo gobierno e irrumpió en el Palacio de Gobierno para plantar la Biblia. Se arropó de policías y militares cuando llegó a La Paz, se vistió de policía y chaleco antibalas, y hasta tenía seguridad de elementos del Estado de civil.
Admitió, en una reunión con su “frater”, que su padre “cerró” con militares y policías para que éstos no salieran a las calles a contener las protestas que el propio Camacho propiciaba. Y también con un dirigente minero para tumbar a Morales a dinamitazos, con 6.000 hombres y después de que Camacho no lo consiguiera.
No solo eso. También el movimiento de dinero antes, durante y después de la caída de Morales desde y hasta sus cuentas en el Banco Ganadero, como denunció, con pruebas, el ministro Eduardo del Castillo. Parte de esos fondos llegaron a manos del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, que el abogado mismo de éste admitió.
Así se puede entender que Áñez, nada más al llegar a La Paz en la víspera de su proclamación y sin ser presidenta, fue recibida en El Alto por un militar, fue trasladada en un helicóptero militar al Colegio Militar y comenzó a usar una cápsula presidencial. Se entiende también por qué la FAB le quitó a Morales potestad sobre el avión presidencial la mañana de su renuncia y el despliegue de vuelos rasantes ante una columna de marchistas en su respaldo.
Se entiende también la sugerencia de renuncia presidencial del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Incluso, de la petición de dimisión planteada por el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi. Se entiende la entonces orfandad de Morales.
¿Acaso no implicó ruptura constitucional todos esos actos, por no decir, apelando al eufemismo, golpe de Estado? ¿Es Camacho inocente de sus acciones en 2019? ¿No conspiró? ¿No pagó las movilizaciones? ¿No “cerró” con militares y policías? ¿No pactó en el hotel Casa Grande un cogobierno con Áñez a partir de sus acciones?
Solo las narrativas de su entorno y quienes buscan librarse de culpa de los extremos, más el discurso de los medios hegemónicos, dicen que el caso Golpe de Estado I es un invento o que Camacho es perseguido político y víctima de un “secuestro”.
El caso representa ahora el punto final, un karma contra el otrora líder cívico poderoso. Sin embargo, que se haga justicia, por la democracia y los muertos de Sacaba y Senkata, devenidas de esas acciones.
Rubén Atahuichi es periodista.
