La vigente discordia entre el Ministerio de Educación y el comité ejecutivo de las confederaciones de maestros urbanos y rurales, en relación a los planes y programas del currículo 2023, denota la clara ausencia de diálogo entre los referidos actores, como máximos representantes educativos a nivel nacional.
El monólogo de acusar y deslindar responsabilidades del proceso de actualización del currículo 2023 llegó a sobredimensionar el conflicto, abriendo las puertas a los figurones, que se acuerdan de la calidad educativa cuando les conviene, queriendo llevar agua a su molino con criterios sesgados, antojadizos y en pleno desconocimiento del ordenamiento jurídico en actual vigencia.
Tal es el caso de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), mediante comunicado emitido el 18 de enero, refiere que el currículo 2023 fue definido unilateralmente, no prioriza la calidad educativa, deja en el limbo las responsabilidades de los gobiernos municipales y departamentales; además, crítica sin ninguna contemplación los contenidos de la “educación sexual integral”.
Empero, es menester resaltar que la CEB cuenta con una Delegación Episcopal de Educación en cada departamento, en su mayoría presidida por un cura, quien se constituye en el máximo representante de las unidades educativas e institutos de convenio ante las direcciones departamentales y distritales, de ahí la relación estrecha con las autoridades educativas.
Con ese antecedente, dicho sea de paso, para nadie debería resultar desconocido que en las unidades educativas e institutos de convenio se aplica la subordinación intrínseca, vale decir, la representación sindical del magisterio fue prácticamente suprimida, de ahí el desacato a paros, huelgas y movilizaciones convocadas por las federaciones de maestros, inclusive de la Central Obrera Boliviana (COB).
Ahora bien, con relación a las responsabilidades de los gobiernos municipales y departamentales en la implementación gradual del currículo 2023, la CEB desconoce que la gestión educativa se constituye en competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, establecidas claramente en el artículo 80 de la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”.
En ese orden, respecto a los contenidos de la “educación sexual integral” en el currículo 2023, la CEB desconoce que éstos se circunscriben en las políticas educativas promovidas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas- ONU, organismo internacional que trabaja con los gobiernos de todo el mundo.
Ante estas realidades, es imperante que el Ministerio de Educación convoque a los dirigentes del magisterio boliviano para iniciar el diálogo, en razón de consensuar la aplicación gradual y sistemática del currículo 2023, en virtud que los planes y programas se circunscriben en el principio de flexibilidad.
Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente.
