La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comunicó que con los aportes de los nuevos asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP), de septiembre a diciembre de 2022, obtuvo una mayor rentabilidad a la alcanzada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en el mismo periodo. Sin embargo, como era de esperarse, salieron a la luz opiniones y comentarios de personas que desacreditan las gestiones realizadas por dicha empresa pública, por lo que resulta conveniente detallar algunas consideraciones sobre el tema.
Las inversiones realizadas por las AFP y la Gestora se encuentran bajo el marco de la Ley 065 de Pensiones, la Ley 1834 de Mercado de Valores y disposiciones normativas conexas; estas inversiones son reguladas y controladas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias.
Por su parte, la adjudicación de valores del Tesoro General de la Nación (TGN) está abierta a cualquiera de las entidades habilitadas para participar de forma voluntaria y bajo la normativa vigente, mediante mecanismos como la subasta pública o las operaciones en la mesa de dinero administradas por el Banco Central de Bolivia (BCB), donde pueden participar bancos, aseguradoras, fondos de inversión cerrado, las AFP, la Gestora, entre otros.
Si bien es cierto que las AFP vienen desarrollando actividades desde 1997, las inversiones que realizan son de manera diaria, debido a que el pago de las contribuciones de los empleadores y asegurados dependientes/ independientes es constante, por lo que la acción de invertir es una tarea habitual y la Gestora viene realizando dicha acción desde septiembre de 2022 con los aportes de los nuevos asegurados.
Corresponde subrayar que en el mercado de valores en Bolivia no se generó ningún cambio que beneficie a dicha empresa pública, por su reciente inicio de actividades en materia de inversiones del SIP; al contrario, la Gestora viene cumpliendo a cabalidad todos los requisitos solicitados para realizar inversiones tanto en el sector público como en el privado.
Respecto a la rentabilidad histórica obtenida por las AFP que alcanzaron a un 18%, es de conocimiento público que estas empresas privadas tenían a libre disposición la adquisición de valores emitidos por los gobiernos de turno (entre 1997 y 2005), los cuales fueron generados para que el Estado obtenga recursos y destinarlos principalmente a gasto corriente, por lo que las AFP no realizaban ningún esfuerzo adicional en beneficio del trabajador.
Contrariamente, la Gestora debe efectuar un análisis estricto de los valores e instrumentos del mercado en los cuales se invertirá, considerando la rentabilidad ofertada y principalmente el grado de riesgo calificado que ésta conlleva, con el objetivo de precautelar los aportes de los asegurados al SIP, bajo el entendido de que una rentabilidad muy alta implica mayor riesgo en la inversión, existiendo una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo, por lo que los rendimientos reportados por la Gestora exponen la realidad del mercado de valores y la gestión prudente en la administración de aportes.
En este sentido, no se trata de mezclar peras con manzanas (o cualquier otra fruta mencionada en algunas opiniones), sino se trata de efectuar una gestión eficiente con los aportes de los asegurados, y debido a que las AFP y la Gestora, a la fecha, vienen realizando actividades de inversión bajo las mismas condiciones y criterios definidos, la comparación expuesta en cuanto a la rentabilidad debe ser bajo un mismo periodo, evidenciándose claramente cuál generó mayores beneficios para el trabajador.
Iván Quisbert Soria es auditor.
