El informe de cierre de gestión del Ministerio de Minería y Metalurgia dado a conocer a fines de enero ratificó la tendencia que se veía a mediados de año: la minería es el principal sector exportador, con un monto de $us 6.134 millones hasta noviembre; los principales metales son el oro, la plata, el zinc, el plomo y en un cuarto lugar, el estaño. Hemos dejado de ser monoproductores, como lo fuimos hasta la década de los 80 con el estaño, pero no dejamos de exportar metales en su condición primaria como concentrados.
Sin embargo, lo que ganó los titulares fue la afirmación del ministro de que “regalamos 1.200 millones de dólares en los concentrados de zinc”, por el no pago de metales valiosos como el indio, el cadmio, el galio; no mencionó otros metales no menos valiosos como el estaño, el azufre, hierro, plomo, antimonio que también acompañan a estos concentrados en un volumen de las 490.083 TMF. Esta generosidad anunciada terminará con la construcción de una refinería de zinc para procesar 150.000 TMF de estos concentrados.
Esta es una realidad de viejo cuño, pero, con otros términos, Marcelo Quiroga Santa Cruz lo llamaba “saqueo”. En 1967, cuando se firmaba el contrato de explotación de la mina Matilde con Phillip Brothers, él mismo logró introducir una cláusula para la instalación de una refinería de zinc: el contrato se firmó, pero la cláusula quedó en el olvido.
El último intento de dar curso a una refinería de zinc se realizó en 2018, cuando en el Ministerio de Minería se discutía su viabilidad, viendo rasgos técnicos al buscar elegir entre la vía piro (fundición) o hidro (procesos químico-físicos). La primera opción la apoyaba la empresa Vinto y la segunda, Comibol. La reunión concluyó con una tajante afirmación de un meritorio catedrático de la universidad de Oruro: “Cualquiera, pero hagan”, es decir la decisión era política. Se prohibió a la Comibol continuar con su proyecto, cerrando un nuevo capítulo de nuestras frustraciones. Hoy las razones parecen ser financieras, al haberse optado por un proceso que combina condiciones físicas (presión- temperatura) y reacciones químicas (es decir, la opción hidro), que lo realizará Vinto.
Como antes, la decisión es política y se enmarca en el proceso de la industrialización del gobierno del presidente Arce, pero también se trata de una racionalidad financiera. Si el costo de una planta es de $us 350 millones para el tratamiento de 150.000 TM, para tratar el resto se necesitaría otras dos más, haciendo un total de $us 1.050 millones, inversión que se puede recuperar en un año de operaciones; por ser estratégico y de carácter nacional, no puede condicionarse a la voluntad de un financiador externo. Así las exportaciones mineras superarán los $us 9.000 millones, pudiendo duplicar su valor con procesos de industrialización; pero además, refinar en el país significa ahorrar casi el 50% de los costos de operación que se debitan en el exterior por gastos de la misma refinación, el transporte, seguro, estiaje, etc.
En la misma línea, el segundo producto en volumen que exportamos son los concentrados de plomo: 112.139 TMF en 2018, con un valor de $us 263.054 millones. Estos concentrados tienen como agregados estaño, bismuto, antimonio, cobre, oro, arsénico, indio, de los que tampoco nos pagan ni reportan nada. En San Cristóbal, el costo de tratamiento en el exterior significa el 44% del valor bruto de los concentrados de plomo, por lo cual no reportan utilidades; en Karachipampa, el valor calculado por la recuperación de estos elementos es de $us 20 millones, tratando 50.000 TM de concentrados de plomo-plata; al requerirse $us 40 millones para su adecuación, éstos podrían cubrirse en dos años.
El ministro, nostálgicamente, determina que la ejecución del proyecto de zinc sea por la Empresa Metalúrgica Vinto, cuando ésta es subsidiaria de la Comibol (trabaja con su NIT) como reza la Constitución Política del Estado y las leyes de Minería y de Empresas Públicas; este cuestionamiento se amplía a sus resultados económicos cuando declara utilidades, mientras no tiene capacidad de pago a las empresas y cooperativas que le proveen la materia prima.
La soberanía peligra cuando no hay independencia económica, ésta depende del desarrollo que alcancemos. La naturaleza nos ha dado una riqueza minera codiciada por extranjeros, los que sistemáticamente se han opuesto a la instalación de las fundiciones en el país, arguyendo toda clase de problemas: económicos, técnicos, institucionales, regionales, políticos, etc. Detrás de estos argumentos está la mano que nos condena a un eterno saqueo de nuestros recursos naturales. ¿Será que esta vez el Estado Plurinacional logrará cumplir con este objetivo?
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
