El reporte que la empresa Meta (ex-Facebook) publicó hace unos días acerca de la eliminación de aproximadamente 1.600 cuentas bolivianas principalmente de Facebook e Instagram, ha despertado el debate acerca de la libertad de expresión en internet en Bolivia. Se trata de 1.041 perfiles de Facebook, 450 páginas y 14 grupos de esa plataforma, y 130 cuentas de Instagram borradas por “comportamiento inauténtico coordinado”, es decir, encontraron que varias cuentas coordinaban la generación de tendencias falsas publicando posts, dando likes, compartiendo y comentando en apoyo al Gobierno, mientras que atacan a cuentas de opositores al MAS y al Gobierno para acallar voces. Eso es lo que dice el informe de Meta.
Lo primero que hay que entender es que Meta publica trimestralmente estos reportes de seguridad y no es la primera vez que Bolivia es mencionada en ellos, una primera mención se dio en el reporte de septiembre de 2020 cuando informó que había encontrado este tipo de comportamientos inauténticos coordinados en cuentas creadas por una empresa de marketing basada en Washington DC de nombre CLS Strategies. Los mensajes apoyaban al gobierno de Jeanine Áñez y el por entonces ministro Arturo Murillo confirmó que habían contratado a esa empresa para producir y difundir contenidos en Facebook.
Ahora, la inversión en publicidad para promover estos contenidos es mayor en esta ocasión, alcanza $us 1,1 millones, lo cual abre la pregunta acerca de dónde salió ese dinero dedicado a la contratación de la publicidad en Facebook. Esta pregunta se sitúa junto a la preocupación por la libertad de expresión en internet, si unas y otras fuerzas políticas aparentemente están contratando servicios —sea a empresas o sea a personas individuales— para acallar voces disidentes ¿podemos tener certeza de expresar nuestras opiniones en línea libremente sin temor a represalias y a ser objeto de violencia digital y física? Estas son preguntas que el Gobierno y otros actores políticos deben responder.
Sin embargo, hay otros actores a los que debemos exigir transparencia y son las empresas como Meta, ya que éstas son las que reciben el pago por contratación de publicidad —en este caso, $us 1,1 millones—, es decir, son actores que se benefician de los comportamientos inauténticos coordinados con sus mecanismos comerciales que facilitan la difusión que después es informada en sus reportes trimestrales. A estas empresas debemos exigirles transparencia en sus mecanismos de publicidad, en la selección de casos de estudio y en sus algoritmos de promoción de contenidos.
Son muchos intereses detrás de estas operaciones falsas de desinformación y ataques, todo un ecosistema comercial y político.
Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com.
