Para comprender a profundidad el uso de los discursos de odio como un actualizado dispositivo del poder es necesario pasar unos días en Argentina. Solo si te expones a la franja televisiva de la noche, lees las tapas de los diarios o sigues algunos influencers del vecino país puedes dimensionar cómo el odio, profundo y corrosivo, puede llegar a poner una pistola en tu cabeza.
El atentado a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido hace seis meses, es el resultado de años de violencia simbólica que vemos desplegados con especial saña hacia las mujeres. El disparo fue contra Cristina, pero no es Cristina. El tiro va dirigido a millones de mujeres que “osan” salir del ámbito privado e incomodar a los poderes fácticos. La descarga es contra Marielle Franco, legisladora y activista lesbiana asesinada en 2018 en Río de Janeiro; contra Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil o Francia Márquez, primera vicepresidenta negra de Colombia. El tiro a la cabeza es también para Berta Cáceres, defensora del medioambiente hondureña, la oaxaqueña Elisa Zepeda o Milagro Sala, líder popular encarcelada de la Organización Barrial Túpac Amaru.
Y es que, tenemos que reconocerlo, a pesar de los avances en paridad, las mujeres en política no es que lo tengan difícil, es que lo tienen imposible.
Como parte del Comité de Expertas del MESECVI de la OEA, fui invitada en misión oficial a la Argentina para asesorar al Estado en materia de violencia política. Escuchamos diversas voces en distintos contextos para constatar cómo los discursos de odio y la instrumentalización del acoso judicial son piezas fundamentales en una serie de violaciones de los derechos humanos de las mujeres. La estigmatización, el menosprecio, la humillación verbal (amplificada por las redes sociales) actúan para deshumanizar a la víctima y, con ello, justificar un ataque de violencia física. Como los discursos de odio construyen un personaje nefasto, su aniquilación puede ser incluso visto por el atacante como un “bien para la sociedad”.
Toda violencia ( física y discursiva) en el ámbito político son intentos de disciplinamiento y proscripción. Se trata de enviar mensajes disuasivos para que las mujeres “vuelvan a su lugar”. Como lo reconoce Elisa Zepeda, “todas las agresiones eran por pronunciarme, por denunciar, por acompañar a las mujeres, por hacer cosas, que, según el punto de vista de estos caciques del sistema patriarcal, no deberíamos hacer las mujeres”, y es corroborado por Cristina Fernández de Kirchner, quien de manera premonitoria dijo en 2019: “Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a condiciones de poder, cuestionando la forma en que funciona.
Es rebelarse contra lo establecido, porque el poder es cosa de hombres. Ahí te disparan a matar.”
La situación de acoso mediático y persecución política por la vía judicial contra la actual Vicepresidenta argentina trasciende a su persona y es una señal de la falla sistémica de la democracia argentina. La investigación sobre el magnicidio presenta varias inconsistencias: no se realizan pericias, no se citan testigos, no se avanza con la celeridad que el caso amerita y se descartan, sin justificativo, líneas de investigación que apuntan a los autores intelectuales.
Como sostiene Susana Chiarotti, experta argentina, las mujeres somos como canarios en minas de carbón. A finales del siglo XIX en Inglaterra, los mineros solían introducir canarios en las minas para poder detectar posibles gases tóxicos. Si notaban que el ave estaba afectada o moría, la mina procedía a ser evacuada. Podemos asumir que mayor o menor violencia contra las mujeres en la arena política es el mejor signo de la salud de una democracia.
Lourdes Montero es cientista social.
