Juan se levanta a las 04.00, el frío del Altiplano se mete en sus huesos mientras se viste de negro y retira los anillos, como exige la función que hoy estrenará en su comunidad. Subirá al monte y permanecerá allí por dos semanas observando bioindicadores que guiarán a los yatiris en las decisiones agrícolas de la comunidad: Donde anide la grulla a orillas del lago, marcará la línea de siembra y evitará que sus cultivos se inunden; por donde camine el zorro les dirá cuándo llegarán las lluvias. Así, por generaciones, les ha ido bien. Pero Juan está nervioso: en los últimos años, estas señales ya no se encuentran, o no funcionan, hasta la grulla se inunda a veces, y el zorro ya no aparece. Durante los últimos 30 años, en el Altiplano las lluvias han disminuido cerca de 13%, y se profundizan eventos extremos como sequías e inundaciones. Las comunidades se lamentan: “El yatiri ya no acierta”, y la migración continúa. El 75% de los migrantes a la ciudad de El Alto provienen de municipios de La Paz, sobre todo varones y jóvenes de las áreas rurales.
En América Latina, la población rural supera los 120 millones y sufre las mayores brechas de acceso a servicios básicos. 17 millones de personas no tienen acceso a agua segura y 40 millones no tienen acceso a un baño mejorado, que no ponga en riesgo su salud y seguridad.
La falta de agua segura, y sobre todo de saneamiento mejorado, implica riesgos ambientales y mayor incidencia de enfermedades, especialmente en niños menores a cinco años, que ven limitadas sus oportunidades de desarrollo. Esto se traduce en pérdidas económicas para los países, relacionadas a costos en salud, productividad y abandono escolar, representando un porcentaje del PIB nada despreciable, que oscila entre el 1,5% y 3%, perpetuando ciclos de pobreza.
Las casi 20.000 comunidades rurales de Bolivia que atesoran una riqueza cultural y medioambiental incomparable, enfrentan cada día los desafíos de disponer, mantener y asegurar sus servicios de agua y saneamiento en tiempos de incertidumbre climática y fenómenos migratorios. Además, las áreas rurales están siendo golpeadas económicamente en la pospandemia, fruto de su condición de vulnerabilidad climática, con inversiones aún insuficientes en servicios básicos e infraestructura logística, sobre todo frente al reto de una baja densidad poblacional en un país de territorio extenso.
Desde el BID impulsamos con los países de la región y socios estratégicos programas de agua y saneamiento focalizados en áreas rurales, cuyos resultados y lecciones aprendidas permiten romper el paradigma que frena las inversiones rurales, generando resultados que demuestran que sí es posible un entorno rural saludable y resiliente.
En la última década, a través de estos programas, más de 400.000 personas en áreas rurales accedieron a conexiones nuevas o mejoradas de agua y casi 300.000 a saneamiento. Bolivia destaca entre los casos de éxito, donde la continuidad e institucionalidad de las intervenciones muestra resultados concretos y esperanzadores.
Si se invierte más y planificadamente, se promueve un entorno rural apropiado, saludable, integrado y resiliente, traducido en reducción de pobreza. Desde 2022, lideramos un Llamado a Acción Rural, encabezado por los países de la región y conectado a nivel regional y global con socios de cooperación, agentes sociales y academia; que reconoce los servicios de agua y saneamiento rurales como un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades.
Este año, el Día Mundial del Agua nos llama a “Acelerar el Cambio” para cumplir con el ODS 6. En este marco tendrá lugar la Conferencia de las NNUU sobre el Agua, del 22 al 24 de marzo. En este marco, el BID junto a varios socios de la cooperación internacional anunciarán el compromiso para trabajar hacia un llamado a la acción global para promover los servicios de agua, saneamiento e higiene rurales.
Cristina Mecerreyes es especialista sectorial de Agua y Saneamiento del BID en Bolivia.
