Ya no es muy novedoso decir que la gobernabilidad hegemónica que caracterizó a buena parte del gobierno del MAS está en crisis. El fin del hiperliderazgo de Evo, el conflicto al interior del espacio político oficialista y la debilidad de sus estructuras decisorias son a la vez síntomas y causas de nuestro tránsito a un escenario más incierto y volátil.
No está demás decir que la centralidad del MAS en el campo político es tan grande, hoy en día, que tales desarreglos afectan significativamente a la estabilidad del conjunto del sistema y a la capacidad del país de ser gobernado.
El cotilleo politiquero cotidiano nos lleva a pensar en este problema casi exclusivamente a partir de suposiciones o juicios de valor sobre la voluntad, ambición personal o incluso el desvarío de algunos actores claves. Se espera, por tanto, que las soluciones vengan desde ese ámbito, esperando que “recapaciten” o encuentren alguna “iluminación” en función del “bien mayor”.
Sin subestimar tal aproximación ni descartarla del todo, me parece que no estamos considerando suficientemente en esta cuestión el impacto que estarían teniendo algunas transformaciones estructurales en la distribución del poder político, social y económico que se están produciendo en el país y que hacen muy difícil reeditar el hegemonismo. Es decir, incluso si Evo recuperara su fuerza o emergiera al interior del oficialismo o de las oposiciones un nuevo líder indiscutible, no será posible retornar al estilo de gestión que prevaleció antes de la ruptura de 2019.
Es notorio, por ejemplo, que la economía se ha complejizado y eso está planteando desafíos inéditos a los gestores de la política económica. Algo de eso se ve en estos días con relación al problema de escasez de divisas en un año con un nivel récord de exportaciones atribuida, entre otras cosas, al hecho de que gran parte de ellas fueron generadas por el sector privado agroindustrial cruceño y los cooperativistas mineros auríferos. Antes esos recursos entraban directa y automáticamente al BCB desde YPFB, la principal empresa exportadora del país por muchos años y que además era pública, mientras que ahora esos flujos dependen de la voluntad e incentivos de diversos actores no estatales.
Frente a esa diversificación de agentes económicos que acumulan no solo grandes recursos financieros sino también poder político, como es el caso de los cooperativistas, el Estado estaría en la obligación de replantearse su relación con esos sectores combinando diálogo, incentivos y eventualmente ajustes normativos, los cuales tampoco parecen ser obvios sin algún tipo de acuerdo político-social. En cualquier caso, el Estado ya no está solo, sino tiene que considerar cada vez más a “otros” que controlan segmentos importantes del poder en el país.
El propio conflicto interno del MAS puede ser también entendido no únicamente como una pelea de líderes sino como una recomposición más amplia y compleja del poder al interior de ese gran conglomerado, en el cual algunos grupos sindicales y fuerzas corporativas están negociando con mayor grado de autonomía su apoyo político a los actores en pugna, aprovechando esas tensiones para reforzar su influencia y poder propio en el Gobierno.
Lo cierto es que la administración y construcción del poder en una sociedad cada vez más diversa plantea enormes dificultades a una política, sobre todo si ésta persiste en entender al mundo de manera simplista y autorreferencial. La clave futura de la gobernabilidad de Bolivia pasará quizás por repensar la idea misma de coalición y de acuerdos en un contexto en el que el poder se está diversificando y fragmentando, incluso al interior del campo nacional popular.
En ese sentido, el hegemonismo no serviría porque ya no logra contener a esas nuevas diversidades y su eventual recomposición futura implicará probablemente asumir una nueva arquitectura de poder que vaya más allá de los espacios y actores que tanto el oficialismo como las oposiciones han privilegiado desde hace años.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
