En 1872, el presidente Ulysses S. Grant fue arrestado por un oficial de policía por exceso de velocidad en su carruaje tirado por caballos en Washington. El oficial extendió la mano para indicar que se detuviera, y Grant obedeció y luego acompañó al oficial a la estación de Policía. ¿Eso degradó a la presidencia?
No, yo diría que fue un hermoso tributo a la democracia. Lo que era impensable para el Rey Sol francés, Luis XIV —L’état, c’est moi (“Yo soy el Estado”)— es apropiado en un sistema de igualdad ante la ley.
The Times informa que un gran jurado votó para acusar a Donald Trump por pagos de dinero secreto a una estrella porno, pero que la acusación, por ahora, está sellada. Hay preguntas legítimas sobre este enjuiciamiento en particular, y aunque no conocemos los detalles de los cargos, después de conjeturas informadas, nos preguntamos: ¿Debería ser la primera acusación de un expresidente bajo una teoría legal novedosa que podría ser rechazada por un juez o un jurado? ¿Qué hacemos con las dudas sobre este caso, incluso entre aquellos que tienen cero simpatía por Trump? ¿Sabe el fiscal de distrito Alvin Bragg lo que está haciendo?
Ninguno de nosotros puede estar seguro de la respuesta a estas preguntas hasta que haya visto las pruebas presentadas en el juicio, y me preocupa que un enjuiciamiento fallido pueda fortalecer a Trump. Pero, también me preocuparía, incluso más, el mensaje de impunidad que se enviaría si los fiscales desviaran la mirada porque el sospechoso era un expresidente.
El mediador del expresidente, Michael Cohen, fue sentenciado a tres años de prisión por obedecer las órdenes de Trump, y un principio fundamental de justicia es que si se castiga a un agente, también se debe castigar al director. Eso no siempre es factible, y puede ser difícil replicar lo que logró un enjuiciamiento federal en el caso de Cohen. Pero el objetivo debe ser la justicia, y esta acusación honra ese objetivo.
Eso es particularmente cierto porque este es claramente un delito de mayor riesgo que un caso típico de falsificación de registros comerciales; aparentemente, el objetivo era afectar el resultado de una elección presidencial, y eso pudo haber sucedido.
Cuando arresten a Trump, se le tomarán las huellas dactilares, se le fotografiará y posiblemente se le esposará. Surge la pregunta: ¿Es degradante para una democracia procesar a un exlíder?
Hay un contraargumento de que este es el momento de Estados Unidos para la discreción procesal para permitir que el país se recupere y siga adelante. Cuando era adolescente, me indignó cuando el presidente Gerald Ford perdonó preventivamente al expresidente Richard Nixon, pero con el tiempo llegué a pensar que era la decisión correcta y que permitió que el país sanara. Sin embargo, una diferencia es obvia: Nixon en 1974 ya estaba completamente desacreditado, condenado al ostracismo y arruinado, mientras que Trump niega haber actuado mal y se postula nuevamente para la Casa Blanca.
Es difícil en esta etapa para mí evaluar la fuerza de la acusación del fiscal de distrito de Manhattan contra Trump, pero encuentro inspiración en las palabras de William H. West, la oferta policial que arrestó a Grant por exceso de velocidad. Según un relato que dio muchos años después, publicado en The Washington Post, le dijo a Grant: “Lamento mucho, señor presidente, tener que hacerlo, porque usted es el jefe de la nación y yo no soy más que un policía, pero el deber es el deber, señor, y tendré que ponerlo bajo arresto”.
Esa es la majestuosidad y la dignidad de nuestro sistema legal en su máxima expresión. Y si un oficial de policía en 1872 pudo extender su mano y obligar a detener el veloz carruaje del presidente, entonces, nosotros también deberíamos hacer lo que podamos para defender el magnífico principio de la igualdad ante la ley.
Nicholas Kristof es columnista de The New York Times.
