Hace un par de años, cuando visité un municipio de nuestro país, poco poblado y desarrollado, observé que tenía varias necesidades insatisfechas, toda vez que no contaba con servicios básicos, puentes, caminos asfaltados, internet, unidades educativas de secundaria, entre otros.
En el transcurso del día, mientras caminaba para comer algo, me pregunté: ¿por qué sucedía eso? —aunque la respuesta era obvia—, necesitaba saber la razón por alguien que vivía en el lugar, y bueno, en el momento del almuerzo una persona me comentaba que el problema era la falta de recursos económicos y, ante esa situación, el alcalde del municipio hizo los esfuerzos y gestionó recursos ante el Gobierno y organismos externos para ejecutarlos y beneficiar a la población; sin embargo, un grupo de personas del Concejo rechazó esos recursos, simplemente porque ellos no lo gestionaron y porque el alcalde era de otra línea política.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son los principales perjudicados por el rechazo de esos recursos?
Casi la misma situación está sucediendo a nivel macro, a nivel país. Lastimosamente, nuestros queridísimos diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que supuestamente nos representan, estarían entorpeciendo u obstaculizando la aprobación de leyes que son financiamientos gestionados por el Órgano Ejecutivo a través de sus ministerios para programas y proyectos que beneficiarán a la población.
Según el artículo 145 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Asamblea está compuesta por dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para el territorio boliviano.
El numeral 8, parágrafo I, artículo 158 de la CPE establece que es atribución de la Asamblea aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social.
El numeral 24, artículo 172 de la CPE señala que es atribución del Presidente del Estado presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por la Asamblea, que deberá tratarlos con prioridad.
De acuerdo con los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a la fecha se tienen leyes de financiamiento externo para programas y proyectos estancados en la Asamblea, que ascienden a más de $us 779 millones, entre los cuales se encuentran:
a) Programa de conectividad territorial y desarrollo para Bolivia-Construcción del tramo carretero Botijilaca-Caquiaviri ($us 58 millones); b) Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II ($us 52 millones); c) Programa Multisectorial de Preinversión II ($us 30 millones); d) Proyecto de apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus II ($us 500 millones); e) Proyecto construcción y asfaltado tramo 2 La Joya-Chuquichambi, Huayllamarca- Totora y los puentes vehiculares la Joya, el Crucero en la Red Vial Fundamental ($us 101,2 millones); f) Proyecto construcción carretera doble vía Oruro-Challapata tramo I: Oruro-Cruce Vinto- Cruce Huanuni ($us 73 millones); y g) Construcción y ampliación del hospital de tercer nivel de la ciudad de Oruro ($us 75 millones).
La otra pregunta que debemos hacernos es ¿para frenar estos programas y proyectos se los eligieron senadores y diputados?, ¿acaso no nos representan?, ¿no quieren ver el desarrollo de nuestro país?, ¿no quieren hospitales para nuestros enfermos?; ¿no quieren carreteras y puentes vehiculares?, ¿no quieren que se atienda las necesidades de la población?; al contrario, ya deberían estar aprobadas estas leyes y ejecutándose, se debe dejar de lado el color o intereses políticos que no le hacen nada bien al país.
Se tiene que entender que, en el marco de las competencias establecidas en la CPE, el Gobierno está implementando políticas públicas para beneficiar a todos los departamentos y como señala el profesor Manuel Tamayo Saez (1997): “Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.
Romer Bello Bernal es economista.
