Como resultado de un juicio abreviado, el juez de Sentencia Tercero en lo Penal de la ciudad de Sucre, Emilio Pinto, emitió el miércoles un fallo condenatorio de seis años y seis meses para los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé. Los tres fueron hallados culpables de atentando, portación de armas, perturbación de funciones públicas y daño durante la toma violenta del edificio de la Fiscalía General, pero seguramente serán liberados en tres años. Otros tres miembros de la RJC fueron absueltos porque, según criterio del juez, no se encontraron indicios suficientes de su participación.
Esta sentencia puede ser asumida como un caso emblemático de la función pedagógica de la Justicia, pues nos habla de los valores que reivindica y su sentido del orden social. Una sentencia y lo que transmite tiene una poderosa influencia en el comportamiento de la sociedad, pues si el Estado ejerce de manera eficaz su función de juez, los individuos comprenderán que, al cometer una falta a las normas establecidas, se deberá asumir una sanción proporcional como repercusión.
En el caso que nos ocupa, luego de la presentación de 180 pruebas documentales y testificales, el juez Emilio Pinto consideró que son “insuficientes” para sentenciar a los acusados de los delitos de organización criminal con relación a la destrucción y deterioro del inmueble de la Fiscalía General del Estado (considerado patrimonio arquitectónico en Sucre); privación de libertad de las personas secuestradas en el inmueble; fabricación ilícita (de bazucas) y atentado contra bienes públicos. ¿Qué mensaje nos envía esta sentencia tan leve frente a los hechos descritos? La respuesta es expresada en redes sociales, catalogando el accionar del juez como “un mal chiste”. Procesos como éste llevan a la sociedad a cuestionarse si podemos tomar en serio la Justicia.
Este tipo de malos chistes, penas menores y absoluciones son las sentencias a las que el sistema de justicia nos tiene acostumbrados. Y, por ello, la indignación social contra jueces y fiscales es cada vez mayor, y el descrédito al sistema de justicia parece no tocar fondo. ¿Qué nos quiere comunicar el juez Pinto con esta decisión? El mensaje es claro: la destrucción de un símbolo de la Justicia como es la Fiscalía General del Estado es aceptable; las recomendaciones al Estado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede ser ignorada y, sobre todo, que las organizaciones criminales paraestatales como la RJC y sus acciones violentas son toleradas.
Esta organización criminal no es juzgada por “pintarrajear” algunas paredes, como lo califica un medio periodístico local en Cochabamba, y menos aún se trata de una persecución política como lo ha sostenido el Conade. En este caso, el sistema judicial, y la “sana crítica del juez”, está comunicando a la sociedad cuanta violencia y racismo es “tolerable” y aceptable en nuestra sociedad.
El derecho es un discurso prescriptivo y, por ello, todo juez es consciente de la función pedagógica de sus sentencias. Tenemos que concebir al derecho como una acción comunicativa que moldea las conductas para la convivencia, la tutela de la dignidad y la libertad humanas. Por ello, sentencias como la que hemos conocido contra la Resistencia Juvenil Cochala alientan la violencia pública y el racismo en una sociedad como la boliviana que requiere de manera urgente acciones estatales que le pongan límites. Hoy, a través de esta sentencia, teníamos la oportunidad de decir fuerte y claro que estos hechos no pueden repetirse y que acciones de violencia paraestatal están proscritas de nuestra comunidad. Gracias a la decisión del juez Emilio Pinto no lo hicimos.
Lourdes Montero es cientista social.
