La cara menos visible del conflicto latente entre el magisterio urbano y el Ministerio de Educación es, sin duda, el quiebre en el aprendizaje de los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio, en razón de las posiciones antagonistas de los actores en disputa, asumiendo acciones radicales y fuera de su competencia.
Tal es el caso del Instructivo 13/2023 de 17 de abril, emanado por la Dirección Ejecutiva Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) que, en la parte pertinente, conmina a las 31 federaciones departamentales y regionales del país no recibir, ni aplicar los textos de aprendizaje del currículo actualizado.
Es más, de manera iracunda se advierte a las autoridades departamentales distritales y de unidades educativas cumplir con lo instruido, caso contrario, la CTEUB iniciaría de ipso facto procesos administrativos, legales y sindicales. Extremos que obviamente lesionan frontalmente el Estado de derecho.
Por otro lado, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (Conmerb), en su segundo ampliado desarrollado el 19 de abril en la ciudad de Cochabamba, determinó que ninguna autoridad educativa tiene la facultad de obligar a desarrollar los contenidos del currículo actualizado, en su defecto, serán objeto a procesos disciplinarios sindicales.
No obstante, el 21 de abril, el Ministerio de Educación y la Conmerb suscribieron el acta de acuerdo en atención al pliego sectorial de 11 puntos, de los que sobresalen el respeto de las unidades educativas rurales en mancha urbana, el bono de zona, el salario diferenciado, el déficit histórico, los ítems de nueva creación, entre otros.
Como no podía ser de otra manera, el referido acuerdo enervó los ánimos del magisterio urbano, que al frente de la CTEUB retomará sus movilizaciones, centradas en la ciudad de La Paz, con la llegada de nuevos contingentes de maestros de los nueve departamentos del país, con el fin de lograr que el Ministerio de Educación atienda sus demandas sectoriales.
En tal sentido, todo hace deducir la vigencia indefinida del conflicto en torno a las demandas reivindicatorias del magisterio urbano y rural, pero principalmente a la resistencia de aplicación del currículo actualizado, aprobado mediante Resolución Ministerial 1040/2023.
Consecuentemente, la población estudiantil de las unidades educativas fiscales y de convenio continuará siendo la pagadera de los errores e intransigencias de los actores antagónicos en el presente conflicto, siendo inaudito que, a cuatro semanas de la culminación del primer trimestre, los contenidos de los planes y programas sigan en el limbo.
Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente.
