Siete de cada 10 mujeres en Bolivia han sufrido alguna vez de violencia sexual. Cada año 14.000 mujeres denuncian una violación, lo que podría pensarse equivale a 38 violaciones cada día. Pero no es así: La verdadera dimensión de esta tragedia no la conocemos, ya que la mayor parte de las agresiones sexuales no llegan a ser denunciadas.
Hay otros datos que, yuxtapuestos a los anteriores, tal vez nos ayuden a aproximarnos al verdadero número de violaciones que efectivamente suceden, aunque no se denuncien. Cada año la red de hospitales públicos de Bolivia atiende a 27.000 mujeres por complicaciones de abortos incompletos, lo que podría pensarse equivale a 74 abortos cada día. Pero no es así: estudios conservadores proyectan un mínimo de 70.000 abortos anuales.
Ya escucho las protestas de quienes arguyen que no todas las mujeres que abortan lo hacen porque han sido violadas. Y es cierto. Como también es cierto que el 60% de las violaciones suceden en el interior de la vivienda de la víctima: padres, padrastros, hermanos, padrinos y vecinos son usualmente los violadores, y esa misma condición de cercanía hace que sea más difícil denunciarlos. Y nadie menciona los miles de casos en los que el violador es el marido, quien impone su voluntad sexual sobre su esposa cuando quiere y como quiere, y para colmo le prohíbe el uso de anticonceptivos.
La ley boliviana dice que, si se acude a él como consecuencia de una violación, el aborto es «impune». ¿Impune para quién? ¿para el médico que lo practica? ¿para el sistema legal que debe autorizarlo? Evidentemente es impune para el violador, responsable del embarazo y por tanto del aborto. Pero puedo asegurar que ese aborto no es impune para la víctima de la violación, que debe someter su vida a un horrible escrutinio si es que desea que los canales legales le autoricen ese aborto. No es impune para la mujer que debe someter su cuerpo a una segunda agresión, llamada aborto, a fin de terminar con un embarazo fruto de la violencia. No es impune para la víctima, que debe vivir el resto de su vida con esas dos pesadillas consecutivas. Por eso, en la mayor parte de los casos, las miles de mujeres que han sufrido violencia sexual y deciden abortar no lo harán siguiendo los canales regulares del «aborto impune». Ellas, como todas las demás, acudirán a métodos peligrosos o clínicas clandestinas, siendo una vez más penalizadas, castigadas física y moralmente, algunas veces incluso con la muerte como consecuencia. Pues, a todo esto, lo que queda claro es que en la forma actual de nuestras leyes, la penalización del aborto (incluso en el caso del aborto «impune») es en realidad la penalización de las mujeres.
Y al mismo tiempo, la impunidad es la regla general para una mayoría de violadores. Esta semana hemos sabido de varios que han muerto de ancianos: habiendo recibido homenajes y rodeados de comodidades. El padre Luis María Roma, por ejemplo, fue protegido por la Iglesia aunque se había encontrado evidencia fotográfica de sus múltiples abusos y violaciones a niños y niñas indígenas. “Está tan viejito que ya necesita pañales”, decían quienes recibieron la denuncia y la escondieron bajo el tapete. “Muerto el violador, ya no se puede perseguir los crímenes”, dicen los abogados que defienden al padre Alfonso Pedrajas. “Lo importante no es la pedofilia, sino la necesidad de cariño y ternura” pues los sacerdotes debajo de la sotana “son seres humanos como tú, como yo, como cualquiera”, le dice un periodista a otro comentando el caso. Pobrecitos ellos, que no pueden tener una pareja normal porque su religión se los prohíbe. Por eso violan y abusan a los niños, niñas y jóvenes que tienen a su cargo en instituciones educativas. Y mientras desde los púlpitos los jerarcas piden rezar por ellos, pobrecitos, a quienes “se está estigmatizando injustamente”, las centenares de víctimas de sus crímenes siguen esperando que la impunidad termine: La impunidad del cura violador, la impunidad de la Iglesia encubridora y la impunidad de quienes defienden lo indefendible.
Verónica Córdova es cineasta.
