Lindsay Durtschi, miembro de la PTA en el condado rojo brillante de Escambia, Florida, sabe que salir como una cara pública en la lucha contra la prohibición de libros podría hacerle la vida difícil, pero ha hecho las paces con eso. “No quiero que mi negocio sufra”, me dijo la optómetra y madre de niñas en edad escolar primaria. “No quiero que mis hijos sean acosados”. Le preocupa que su familia pueda verse amenazada. “Pero si eso es lo que termina sucediendo, se lo contaré a todo el mundo. No soy de los que mantienen la boca cerrada”.
Durtschi es parte de una demanda innovadora, presentada contra el Distrito Escolar del Condado de Escambia y la Junta Escolar del Condado de Escambia por su amplia censura en la biblioteca escolar. La demanda busca que las restricciones del libro de Escambia sean declaradas inconstitucionales por apuntar a puntos de vista específicos y por infringir los derechos de los estudiantes a recibir información. Dado el frenesí de prohibiciones de libros que estamos viendo en todo el país, The Washington Post informó que en varios estados, los bibliotecarios pueden ser enviados a prisión por darles a los niños los libros equivocados: el resultado tendrá implicaciones nacionales.
Sin embargo, lo que encuentro más fascinante de la demanda es la visión que ofrece de cómo las dinámicas políticas a nivel nacional y estatal empoderan a los miembros más fanáticos de una comunidad para imponer su voluntad sobre todos los demás.
Según la demanda, Baggett encontró un aliado en el entonces presidente de la junta escolar, Kevin Adams. Adams le dijo a un sitio de noticias local que le había pedido al superintendente que «pusiera en cuarentena o retirara de circulación» los libros cuestionados, lo que provocó un cortocircuito en el proceso de revisión. Esto parece haber ido en contra del consejo del propio abogado general de la junta escolar, quien emitió una declaración en ese momento diciendo que si bien la junta tiene el poder de retirar libros, “no puede hacerlo simplemente porque no está de acuerdo con el mensaje de un libro u ofende la moral personal de un individuo”.
Sin embargo, los libros se colocaron en una sección restringida de las bibliotecas y solo se podían obtener con el permiso de los padres, en espera de las revisiones de los comités reunidos para evaluar cada título. Eventualmente, esta política se cambió, por lo que solo se secuestraron los libros acusados de ser perjudiciales para los menores o de infringir la ley de derechos de los padres en la educación. Pero todavía eran muchos libros: aunque la ley está escrita para aplicarse a la instrucción en el aula, la presencia de personajes homosexuales o trans fue suficiente para sacar un trabajo de una biblioteca.
En una reunión el día anterior a la presentación de la demanda, la Junta Escolar del Condado de Escambia votó para despedir abruptamente al superintendente del distrito, Tim Smith, en parte porque, siguiendo el consejo del consejo general de la junta escolar, se había negado a retirar los libros. Antes de irse, Smith ofreció algunas palabras de despedida a la junta. “Hay algo malo que existe aquí”, dijo. “Hay algo tóxico que existe aquí”. Y no existe solo en Escambia, por eso importa este pleito.
Michelle Goldberg es columnista de The New York Times.
