Yo nací y me crié en un Estado (República) gobernado por dos poderes fácticos: la Embajada de Estados Unidos y la Iglesia Católica. No se me olvida que el embajador Rocha, allá por 2002, creía poder decirnos por quién votar y por quién no; tampoco se me olvida, allá por 2008, la campaña de desprestigio contra la nueva Constitución Política del Estado protagonizada por la Iglesia. En el pasado, ambas instituciones creían poder opinar sobre cualquier asunto estatal, hoy ambas enfrentan una severa crisis reputacional.
El desplazamiento de la hegemonía de la Iglesia Católica como líder moral en la sociedad boliviana ya tiene al menos dos décadas. Una reciente encuesta de Diagnosis nos demuestra el descenso de su feligresía del 81% al 56% en este periodo. También nos habla de que dos tercios de la población cree que los jesuitas encubrieron abusos sexuales y más de la mitad afirma que estos abusos son una lacra extendida en el seno de la Iglesia y, por tanto, ya no confían en ella.
En el marco de este contexto, planteo el surgimiento de una agenda de cambios posibles para fortalecernos como sociedad y sacudirnos finalmente de los poderes fácticos que limitan una democracia plena. Varias de estas ideas provienen de un pronunciamiento público dirigido al papa Francisco por el Colectivo de Mujeres Feministas Defensoras de los Derechos Humanos y signado por más de un centenar de personas.
1) Reafirmación radical del principio de laicidad del Estado Plurinacional boliviano como la única garantía eficaz de la libertad de conciencia. Debemos abandonar los usos y costumbres de un Estado Confesional que implica que nuestras autoridades sigan buscando legitimidad en elementos religiosos. Esto implica también que nuestras autoridades finalmente comprendan que sus dogmas de fe son valores personales que no pueden ser impuestos al conjunto de la sociedad.
2) Modificación del concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado boliviano, que se remonta a 1851, y que establece una serie de privilegios para la Iglesia Católica y sobre todo “el derecho de censura sobre los libros y escritos que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública”. Así también, es momento de discutir el pago de impuestos por parte de la Iglesia sobre todos sus bienes. Solo así podremos asegurarnos que no exista un Estado paralelo dentro de nuestro Estado.
3) En ese sentido, y tal como lo ha anunciado el ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, es urgente revisar los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio que son administradas por la Iglesia. Recordemos que fueron desde esos espacios donde se estableció la mayor resistencia a la actualización curricular del Sistema Educativo Plurinacional, sobre todo en lo referido a la educación sexual integral. Nuevamente, estos espacios de impunidad detentan privilegios que les permiten actuar al margen de las políticas educativas nacionales.
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4) Para las víctimas de los abusos de poder y encubrimiento de la Iglesia, la sociedad boliviana demanda no solo el juicio y castigo de los criminales (muchos de ellos muertos), sino la responsabilidad de la Iglesia que deben comprender: a) medidas de restitución; b) medidas de indemnización (que implican reparar daños con medidas económicas); c) medidas de rehabilitación (atención para que las víctimas continúen con su vida); d) medidas de satisfacción (recuperación de la memoria y reconocimiento de responsabilidad, incluyendo medidas simbólicas de reparación), y e) garantía de no repetición. Todo esto implica la conformación de una Comisión de la Verdad donde no participen autoridades religiosas y políticas que tengan la clara intención de encubrir.
Con profunda indignación exigimos: ¡ Justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales!
Lourdes Montero es cientista social.
