El filme de la cineasta francesa Justine Triet, Anatomía de una caída, se adjudicó el Palma de Oro en Cannes. El drama/trama de este thiller judicial da cuenta sobre el fallecimiento de un hombre que cae de un segundo piso de su vivienda en los Alpes franceses, muerte que deriva en dos hipótesis: asesinato o suicidio. Casi coincidentemente con la jornada de esta premiación cinematográfica, como si fuera un gesto perverso del destino, ese sábado trágico caía del décimoquinto piso del edificio del ex Banco Fassil, el interventor de esta exentidad bancaria, Carlos Colodro. Desde el primer momento de esa caída se barajaron dos posibilidades: asesinato o suicidio.
Por los antecedentes que rodeaba a la intervención del ex Banco Fassil, en un principio, la conjetura del asesinato fue ya que tenía mayor asidero. En rigor, según los informes del fallecido interventor, esa institución bancaria desvió $us 600 millones hacia “empresas satélites”. Además, la red televisiva DTV reveló el jueves un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que identifica a más de 50 empresarios cruceños que accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4 millones del Banco Fassil, para luego desviarlos a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021. En función de estos datos revelados, el vocero presidencial, Jorge Ritcher afirmó que estos desvíos habrían sido usados, entre otras cosas, para las movilizaciones ciudadanas durante el golpe de Estado del año 2019 y las de noviembre del 2022 en Santa Cruz.
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Según los primeros indicios, el banco clausurado se convertiría en una especie de financiador para sostener el “modelo cruceño”, las denuncias del desvío fondos apuntaban a su utilización para fines estabilizadores. Conocida la noticia de la muerte del exinterventor de la ex mentidad bancaria, la hipótesis que habría sido asesinato cobraba fuerza ya que las denuncias de la intervención bancaria salpicaban a varios empresarios y políticos cruceños. Después de ese suceso trágico, en base a investigaciones periciales forenses, el Ministro de Gobierno informaba que el exinterventor, en definitiva, se suicidó.
El sociólogo francés Emile Durkeim habla del “suicidio fatalista” que se produce donde las reglas a las que están sometidos los individuos son demasiado férreas para que éstos conciban la posibilidad de abandonar la situación en la que se hallan. Dicho de otra manera, quizás el exinterventor –según los testimonios de sus familiares y allegados—era una persona muy rigurosa con su trabajo. Quizás el exinterventor sentía presiones, sea para que siga cumpliendo con su tarea de destapar esos casos irregulares o, por el contrario, para que deje de investigar. Y, aún peor: esas amenazas ponían en peligro a sus familiares y para protegerlos decidió lanzarse al vacío del piso 15 del hotel Ambassador en Santa Cruz. Aunque algunas personas se aferran a la hipótesis del asesinato dicen que, si fuera ese caso, la salida era sencilla: la renuncia. No se debe olvidar, la naturaleza humana es muy compleja y quizás la honorabilidad de la exautoridad estaba en juego si no cumplía cabalmente con su trabajo y para evitar quedar en evidencia asumió la decisión extrema: el suicido.
Más allá de las implicancias policiales sobre este caso, hay un efecto político inevitable que obliga a continuar con las investigaciones para encontrar la verdad histórica de los hechos. Este suicidio necesita ser aclarado para despejar una interrogante que se haría Sherlock Holmes: “A quién beneficia el crimen”, en este caso, diríamos el suicidio.
(*) Yuri Tórrez es sociólogo
