Sabido es que los abogados juran y perjuran que el asunto de la Justicia es de su absoluta incumbencia y todos sabemos que no es así. Tampoco la educación y los medios de transporte público son exclusividad de los profesores o choferes. Esta maniobra política, para contentar a los sectores de la sociedad, ejercida desde la revolución de 1952, fue catastrófica para el desarrollo de los gobiernos subsiguientes que repitieron la fórmula para evitarse conflictos, pero a costa de una gestión mediocre y corrupta. Las cuotas políticas son un resabio purulento que considera el asalto al Estado como una práctica legítima, en ella no caben consideraciones ideológicas y menos éticas (Maquiavelo dixit).
Recientemente participamos de una tertulia titulada Víctimas de la dictadura 1964-1982. Situación y perspectiva, estuvieron el viceministro César Siles del rimbombante Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; la señora Hilda Saavedra, quien fue una de las prisioneras más jóvenes de la dictadura banzerista de entonces, tenía 14 años cuando fue detenida y sufrió todos lo vejámenes imaginables; asimismo Felipe Tapia, un dirigente fabril que fue exiliado junto al ex presidente Siles Zuazo y que recibió Bs 800 como indemnización. Éste, junto al minero Moisés Guevara, motivaron a las autoridades a que se hiciera la reparación, tal como estaba sucediendo en otros países que habían sufrido la brutalidad fascista militar con el Plan Cóndor.
El periodista Édgar Ramos presentó una relación histórica desde la promulgación de la Ley de Indemnización a Víctimas de la Violencia Política, paradójicamente presentada por el diputado Fernando Kieffer, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), agrupación política del dictador Banzer devenido en demócrata. No sabemos las motivaciones psicológicas o morales que este extinto legislador hubiera tenido para restañar las heridas sociales infringidas durante el trágico septenio —para los más desposeídos— y la jauja para los que se enriquecieron con tierras fiscales y grandes negociados. Sin embargo, toda esta intención siempre estuvo naufragando entre las aguas de un presupuesto que nunca existía y una calculada dilación para asegurarse que esta reparación nunca sea efectiva, y esperar que estos molestosos ciudadanos fueran muriendo. Así, una vez creado el Consejo de Atención de las Víctimas de Violencia Política (Conavip), que luego paso a llamarse Conrevip y ahora Comteca (Comisión Técnica de Calificación), conformados por grupos de personas que alargan el problema con el único propósito de decir siempre al final: El Estado no tiene presupuesto.
En 14 años del gobierno de Evo Morales no fue la excepción, y ahora, pese a la voluntad del presidente Arce, sucederá lo mismo.
El trato dispensado por los diferentes ministros y ministras fue semejante: mentir, hacer ilusionar con comisiones, proyectos y luego argüir, después de una larga retahíla de modismos y jerga latina de derecho romano: No hay presupuesto.
Esta revictimización implica la sensación ante la sociedad de que un grupo de limosneros pide plata al Estado, cuando todos lucharon por sus ideas y no por cargos que ahora usufructúan otros para quienes se tendió la cama con familias destruidas, heridas psicológicas incurables, muertos y desaparecidos que la democracia no te devolverá nunca por más dinero que te otorguen. Ante la incapacidad de los gobiernos para taponar, aunque sea simbólicamente, está herida, surgió una idea que impedirá el consabido pretexto presupuestario con el que ocultan su incapacidad y su falta de compromiso moral: Ya que no tienen presupuesto, el Estado tiene tierras fiscales.
Tenemos derecho a unos metros porque luchamos por estas tierras, así como en las dictaduras y en gobiernos democráticos repartieron miles de hectáreas a grupos de inversores extranjeros y logias, de la misma manera se puede dotar de tierra a los damnificados, de acuerdo a cada caso.
Como dicen los tinterillos avezados cuique suum, a cada cual lo suyo.
Aunque no es la única solución, es la más factible, tenemos muchos ejemplos de países vecinos que lograron el resarcimiento a sus ciudadanos y Bolivia es incapaz de hacerlo y crear Museos de la Memoria y los Derechos Humanos, proyecto emitido por el Presidente y al que ponen una serie de trabas para no hacerlo, por falta de capacidad y compromiso moral con la historia. Ab imo pectore (Con toda mi indignación).
Édgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.
