Entre el 17 y 18 de julio se llevó a cabo en Bruselas la tercera cumbre entre la Comunidad de los Estados Latinoamericanos (CELAC) y la Unión Europea (UE). El evento contó con la presencia de sesenta líderes de ambos bloques y estuvo marcado por los hitos geopolíticos del momento: la guerra en Ucrania, la relación entre Occidente y China, las turbulencias económicas globales y la lucha contra el cambio climático.
Era de esperar que, luego de ocho años sin un encuentro, el diálogo presente visiones diversas del mundo que en muchos momentos sonaban irreconciliable. Y es que, en ambos bloques, encontramos una diversidad de formas de entender el mercado, las relaciones internacionales, el pasado y, en algunos casos, el futuro. De allí que surgiera una declaración calificada por el presidente de Brasil, Lula da Silva como “razonable”, en referencia a que, si bien no contenía todas las expectativas de los participantes, al menos respondía a los temas de interés de todos.
Los dignatarios han apostado sobre todo por fortalecer los lazos económicos y comerciales, pero con una línea roja respecto a la guerra en Ucrania. Quedó claro que la Celac no podía respaldar el lenguaje de condena propuesto por los diplomáticos europeos, y los equipos técnicos fueron modulando hasta lograr un texto que, abordando el problema, no menciona a Rusia ni condena la agresión.
Paradójicamente, el interés de Europa de acercarse a América Latina y el Caribe surge de la actual coyuntura con Rusia y su necesidad urgente de acabar con su dependencia de los combustibles fósiles. De hecho, la UE enfatizó su interés al anunciar proyectos de inversión totalizando 45 mil millones de euros a través de su iniciativa Global Gateway. Si bien esta iniciativa es considerada una reacción para frenar el avance chino y ruso en el sur global, detrás del financiamiento está el impulso de la inversión privada, que podrían contribuir a mayores niveles de desigualdad en la región latinoamericana.
Un segundo tema controversial giró en torno al debate promovido por los países del Caribe sobre reparaciones por los siglos de colonialismo y esclavitud. El documento final recoge el reconocimiento del sufrimiento incalculable infligido a millones de personas como resultado de la trata transatlántica de esclavos, así como el reconocimiento de un crimen de lesa humanidad, pero sin acuerdos concretos de resarcimiento.
Un tercer tema clave del encuentro para la región era el referido al acuerdo entre la UE y el Mercosur, que pretende asegurar una relación comercial más justa e inclusiva y, a decir del presidente de Brasil, “debe basarse en la confianza mutua y no en amenazas”, haciendo referencia a que las negociaciones se encontraron bloqueadas cuando la UE propuso una adenda que endurece los compromisos medioambientales. Los sudamericanos criticaron la propuesta por ser asimétrica, y algunos la llegaron a calificar de colonialista. En la declaración final de la Cumbre se toma nota del trabajo en curso para la firma del acuerdo que se espera sea rubricado este año.
Por último, las partes reiteraron su compromiso por la implementación del Acuerdo de París, la mitigación del cambio climático, el cuidado del ambiente, así como la transición a energías renovables.
Algunos analistas fueron muy críticos con la declaración resultado de la Cumbre al sostener que el lenguaje y el contenido es sorprendentemente parecido al firmado el 2015, es decir, las mismas esperanzas y compromisos de acercamiento, las menciones a la misma agenda, pero sin resultados concretos en ocho años. Esta lectura poco optimismo del evento fue retrucado por los líderes políticos de ambos bloques que calificaron el encuentro de “extraordinario”.
Lourdes Montero es cientista social
