A dos años de la conmemoración de la Independencia en agosto de 2025, y de la realización de las elecciones generales después, es conveniente reflexionar sobre las trayectorias que conducen hacia dichos eventos. Los avances sociales y políticos a lo largo de los 200 años pasados no son menores, puesto que se han superado las peores exclusiones y discriminaciones prevalecientes en el momento de la fundación de la República, se han ampliado paulatinamente los derechos de ciudadanía y se ha avanzado en los postulados de igualdad de género en la educación, el acceso a la salud, la paridad en la participación política y la condena de diversas discriminaciones, que todavía subsisten en la cultura de la sociedad boliviana. Falta sin duda mucho todavía para que los preceptos igualitarios se conviertan en realidad efectiva, pero en eso consisten precisamente las asignaturas pendientes para el futuro.
La intensa urbanización y la emergencia de nuevas capas medias con un nuevo tipo de necesidades y aspiraciones tampoco debe desdeñarse, puesto que, no obstante todas las insuficiencias todavía existentes, no cabe duda de que el ejercicio de derechos ciudadanos tiene hoy un alcance muy superior al pasado. Sin embargo, es necesario considerar que los modos en que ha ocurrido la inclusión en los tres últimos quinquenios, han traído consigo una grave desinstitucionalización en la superestructura del sistema estatal. También en este aspecto quedan importantes asignaturas pendientes, que necesitan resolverse de alguna manera antes de las elecciones generales de 2025.
Muy prematuramente se han iniciado algunas campañas proselitistas sin que estuvieran resueltos algunos requisitos imprescindibles para la realización de las elecciones en octubre de 2025. En efecto, está pendiente la cuestión de la reforma de la Justicia, y así también la realización del Censo de Población y Vivienda, de cuyos resultados depende la distribución de los recursos fiscales a los departamentos y municipios mediante un pacto fiscal, así como la asignación de los escaños legislativos de acuerdo con la distribución territorial de la población en las circunscripciones electorales correspondientes.
Resulta a todas luces inconveniente que ambas cuestiones sean contaminadas por las pugnas internas dentro del MAS y el sectarismo en las tiendas opositoras, que acarrean perjuicios institucionales y políticos respecto de los resultados electorales.
Además, no hay duda alguna de que la turbulencia política es altamente perjudicial para el objetivo de lograr algunos acuerdos y consensos conducentes a la adopción de una estrategia nacional de respuestas a la crisis económica, que está instalada en el país por más que se quiera negar su existencia.
Ninguna de las cuestiones mencionadas puede llevarse a cabo con resultados medianamente satisfactorios sin la participación y un amplio compromiso de los actores políticos, económicos, de la sociedad civil y de las entidades de la información y comunicación pública. No se trata obviamente de un conglomerado de organizaciones en un único espacio de deliberaciones al estilo de las conocidas cumbres del pasado, ni tampoco de un concurso de propuestas dogmáticas elaboradas desde diferentes trincheras ideológicas.
Se trata, en cambio, de intentar una aproximación a un diagnóstico compartido sobre la situación nacional, de donde se derive una red de iniciativas a geometría variable según los diversos temas que forman parte de la agenda democrática frente a la crisis interna, y que tome en cuenta las repercusiones de la inestabilidad internacional agravada por los desastres que ocasionan el cambio climático, la guerra en Ucrania, las pugnas geopolíticas entre las dos superpotencias, así como el declive comprobado de la democracia en América Latina.
Horst Grebe es economista.
