Hace 40 años la Marcha al Norte, integrada por una inmensa caravana de vehículos, a su retorno de Tumupasa había quedado plantada en San Buenaventura. Los “paceños” bloqueaban la salida de una docena de equipos pesados de una empresa que, según ellos, había estafado a la Corporación de Desarrollo de La Paz (Cordepaz). Mientras que los “benianos” bloqueaban el río pidiendo el paso de la maquinaria que sería recogida por una docena de vuelos del avión Hércules y que en sus viajes de venida les daría transporte gratuito.
Hay que subrayar que la “estafa” consistía en haber desboscado solo una tercera parte de lo establecido en su contrato habiendo cobrado por la totalidad. Destruir el bosque era, supuestamente, el primer paso para plantar caña que abastecería a un complejo agroindustrial azucarero que a esas alturas (año 1983) solo existía en la imaginación de sus propulsores y que tardó… ¡más de 30 años en construirse! (en efecto, la planta inició formalmente a producir con la primera zafra local en agosto de 2016).
Visto el tema desde la actualidad, “no hay mal que por bien no venga”, mejor que no se hubiera cumplido el contrato, pues si se cumplía el daño infringido a la naturaleza hubiera sido tres veces mayor. De hecho tuvieron que pasar décadas antes de que la caña sirviera para alimentar una industria de azúcar y alcohol, cuya sostenibilidad es todavía muy incierta, salvo se generalizara el uso de biocombustibles.
El recorrido para llegar donde estamos, fue increíblemente largo y lleno de escollos. La Marcha al Norte Paceño chocaba con los intereses de grupos de poder, especialmente del oriente boliviano. A comienzos de los años 70 se creó Cordepaz con tres objetivos estratégicos para la región: complejo agroindustrial azucarero, planta hidroeléctrica e hidrocarburos. De los tres solo el primero encontró viabilidad; el proyecto hidroeléctrico (represa del estrecho de El Bala) está paralizado por serios cuestionamientos ecológicos y, que se sepa, no se han descubierto yacimientos de gas o petróleo.
Hitos remarcables en el proceso son: mediante una ley se declaró de prioridad nacional la construcción del complejo agroindustrial, en noviembre de 2006. Después se retomaron estudios de factibilidad técnica, económica, social y ambiental y finalmente la licitación internacional para la entrega “llave en mano” que recayó en la empresa china CAMCE Union Engineering.
La marcha de 1983 tuvo que estar varada en San Buenaventura hasta que, en una difícil negociación realizada en una embarcación anclada en mitad del río, los prefectos de La Paz y el Beni llegaran a un acuerdo. Pero ahí no paró la cosa: a los pocos días la empresa presuntamente estafadora, demandó a Cordepaz por daños y perjuicios y logró que todas sus instalaciones amanecieran un día precintadas por orden de un juez. ¿Qué pasó después? Averiguarlo sería todo un desafío.
Venciendo tremendas dificultades y limitaciones del canal estatal hicimos un documental por supuesto con el título de Macha al Norte. Si por puro milagro se hubiera conservado ese material (no existe en Canal 7 un archivo confiable de imágenes en movimiento) sería muy interesante comprobar los cambios ocurridos en cuatro décadas: varios tramos de carretera asfaltada, crecimiento de las poblaciones, el puente que une Rurre con Sanbuena y sobre todo el efecto de la Empresa Azucarera de San Buenaventura (Easba).
Las preguntas inevitables serían: ¿cómo han cristalizado las relaciones sociales, en especial sobre la propiedad de las tierras? ¿se han producido daños quizá irreversibles a la naturaleza? Y lo más grave, ¿no se abrieron caminos hacia peligros mayores, como ocurre con la fiebre del oro en casi todo el norte del territorio boliviano y zonas adyacentes del Perú y Brasil?
En la reciente Marcha al Norte (que ojalá no haya sido interrumpida por alguno de los numerosos bloqueos de estos días), ¿se habrán planteado tales inquietudes?
Carlos Soria Galvarro es periodista.
