La educación y la salud son pilares fundamentales en el desarrollo económico de cualquier país, dado que también se constituyen en importantes elementos en el bienestar de la población. En ese entendido, en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado (CPE) se establece los fines y funciones esenciales del Estado, destacando, entre ellos, garantizar el acceso a la educación y a la salud, por lo que existe un compromiso constitucional de parte del Estado en estos sectores.
En cumplimiento a este compromiso constitucional, el Gobierno priorizó la asignación de recursos hacia esos sectores, lo cual se ve reflejado en el Presupuesto General del Estado (PGE). En lo que corresponde al sector de educación, el presupuesto destinado pasó del 10% (Bs 21.414 millones) del PGE consolidado en 2019 a un 10,8% (Bs 26.347 millones) para 2023. Estos recursos fueron direccionados a mejorar la remuneración de los maestros dentro del sistema fiscal, al mejoramiento de la infraestructura educativa, así como a la promoción de la educación superior, permitiendo el fortalecimiento del capital humano, y de esa manera, el mejoramiento de la productividad laboral.
Lea también: Los (neo)liberales se alinearon
En ese sentido, una de las medidas más importantes implementadas por el Gobierno desde hace varios años es el Bono Juancito Pinto, el cual se constituye en un incentivo económico destinado a reducir la deserción estudiantil. En 2022, el número de beneficiarios de este bono se incrementó en 4,2% respecto a 2019, lo cual generó una importante reducción de la tasa de abandono escolar, del 2,7% en 2019 al 1,9% en 2022. Por su parte, la tasa de asistencia escolar pasó del 92% en 2019 al 94% en 2021.
En lo que refiere al sector salud, el porcentaje del PGE consolidado destinado pasó de un 9,2% (Bs 19.681 millones) en 2019 a un 10,1% (Bs 24.639 millones) en 2023. Gran parte de estos recursos se destinaron a la remuneración de los profesionales en salud, proyectos de inversión, el Seguro Universal de Salud (SUS) y a la implementación del Plan Estratégico de Lucha contra el COVID-19. Este último permitió afrontar la crisis sanitaria vigente en el país desde 2020, dado que se efectuaron importantes acciones como el diagnóstico masivo hasta la administración equitativa y gratuita de las vacunas, con la finalidad de restaurar la normalidad de las actividades económicas.
Además de las acciones realizadas en procura de afrontar la pandemia, se continuó con la implementación de medidas importantes como el Bono Juana Azurduy y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que están destinadas a madres y niños menores de dos años; tuvieron buenos resultados, y estos se reflejaron en la disminución de la tasa de mortalidad infantil, de 43 decesos en 2005 a 20 decesos en 2021 por cada 1.000 nacidos. También, la tasa de mortalidad materna se redujo de 230 decesos en 2005 a 161 decesos en 2020 decesos por cada 100.000 nacidos vivos. A su vez, la esperanza de vida al nacer se incrementó de 64 años en 2005 a 74 años en 2022, consolidándose como uno de los mayores incrementos de este indicador en la región.
Entonces podemos decir que el Gobierno cumplió con su compromiso constitucional con la población boliviana, al destinar una importante cantidad recursos a los sectores educación y salud. Además de implementar medidas direccionadas a éstos, como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que desempeñaron un papel crucial en el bienestar de la población al prevenir el abandono escolar y disminuir la mortalidad materna e infantil, respectivamente. Asimismo, se afrontó de manera directa y oportuna la crisis sanitaria, y se contribuyó en mejorar el acceso y la atención médica a la población con el SUS.
(*) Ángel Surco Chuquimia es economista
