La gerontocracia significa una forma de gobierno en que el poder está en manos de los ancianos. Este criterio responde a aquella idea muy común de aceptar que algunos —o varios— privilegios recaían en los ancianos ya que —según la mitología popular—, muchas veces, cargan en sus espaldas la sabiduría, prestigio, poder o liderazgo. Bajo esos conceptos en varias sociedades se hacía creer que alcanzando edades avanzadas era previsible se ingresen al paraíso gerontocrático. Quizás hay razones/argumentos para sostener que esas cualidades que portan los ancianos les dan derecho para gobernar o algún otro privilegio, aunque este criterio es debatible.
Estas disquisiciones iniciales son a propósito de un fenómeno muy común en las universidades públicas: la sobredimensionalidad de los privilegios que gozan aquellos docentes más antiguos. El problema no es saber si lo merecen o no, quizás en muchos casos es así. El nudo gordiano estriba que, muchas veces, este exceso de privilegios atenta contra los derechos de otros/otras, en este caso específico de las nuevas generaciones de profesionales que ven coartada la posibilidad de ingresar a las universidades públicas a dictar una cátedra universitaria.
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A diferencia de otras épocas, hoy las/los jóvenes cuando salen de las universidades se capacitan en programas posgraduales: maestría o doctorado, inclusive en prestigiosas universidades extranjeras, y, además, destacándose académicamente, pero cuando retornan al país se encuentran con las puertas cerradas de las universidades públicas o, aún peor, quizás se topen con un letrero que diga: “Prohibido dictar cátedra a las/los jóvenes”.
Y si hay catedráticos o investigadores jóvenes trabajando en las universidades públicas —dicho sea al paso: es una minoría— no ejercen estas actividades académicas por una cuestión de meritocracia académica, sino es resultado de un pacto de la mediocridad que opera al interior de los espacios universitarios, entre otras cosas, como resultado del cogobierno donde dirigentes estudiantiles —no necesariamente son los que se destacan en sus estudios— se alían con determinados catedráticos y autoridades para gozar de algunos privilegios: dictar clases como catedráticos como flamantes profesionales.
Mientras aquellos jóvenes que se esforzaron en su capacitación profesional en una maestría o un doctorado no pueden compartir sus conocimientos en las aulas de las universidades públicas. Las/los jóvenes que estudiaron en el exterior procuran quedarse allí, posiblemente porque son conscientes de que en Bolivia encontrarán pocas posibilidades de expandir sus conocimientos. Así se consuma una fuga de profesionales que quizás hubiera sido valiosa para la formación de nuevos profesionales de las universidades públicas bolivianas.
Hoy parece que la lógica al interior de las universidades públicas es proteger a sus docentes, sobre todo a los más antiguos. En todo caso, como principio no está mal, la cuestión estriba cuando esa “protección corporativa” sirve para reproducir un poder universitario gerontocrático e inclusive atentando contra la calidad académica de la formación y la investigación universitaria.
Mientras tanto, las/los estudiantes de las casas superiores estatales siguen escuchando a sus docentes más antiguos que en sus aulas abren sus cuadernos amarillentos donde están sus apuntes de temas y/o teorías anquilosadas, desajustados de las realidades actuales. Todo ello en nombre de la gerontocracia universitaria.
(*) Yuri Tórrez es sociólogo
