Para ponernos a tono con los prematuros tiempos electoreros que vivimos, probaremos un ensayo de lo que se vendrá en 2025 para nuestro golpeado país que soportó desde su creación varios cambios de aquellos que se dice “cambian todo para que nada cambie”, aquellos que se manejan por los políticos de turno y los mesiánicos líderes partidarios del momento, con resultados generalmente desastrosos pero siempre prometiendo el oro y el moro al que finalmente acceden solo los adláteres y aúlicos del poder de turno.
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En una antigua columna mía (La Razón, febrero de 2020) acudía al título de la genial película de Tennessee Williams (1955) Un tranvía llamado deseo, como pretexto para ilustrar la paradoja de un país como Bolivia que nació al calor de la actividad extractiva más antigua de la humanidad y que, pese a su ilustre origen y al incalculable valor que generó a través de su historia, sin prisa pero sin pausa está llegando a un final poco digno en la lucha centenaria que pretendía insertarla a las ligas mayores de la minería global. “Hemos perdido el tren de la historia”, dirían algunos. Triste realidad para un país que explotó la concentración geoquímica de plata más grande del planeta, que desarrolló la mina subterránea de estaño más grande del mundo, que tiene una de las acumulaciones de mineral de hierro más grande del planeta, el salar más grande con una de las mayores reservas de litio y potasio y otros récords; todo esto para llegar a lo que es hoy la minería boliviana con sus minas importantes por terminar su vida útil, las minas chicas y cooperativas hundiéndose en su dependencia de los precios internacionales de los metales, fomentando e izando como insignia la minería informal cooperativa y aquella ilegal del oro, depredando cuencas hidrográficas y bosques aledaños en el afán de acumulación del preciado metal, cuya explotación deja muy poco para el Estado y genera reyes chiquitos que se enriquecen con la explotación inmisericorde de la mano de obra desocupada del país. Patético para un país que era líder de la minería continental y en algún caso mundial en los albores del siglo XX. La Comibol que representa al Estado y debiera haberse fortificado con la ley sectorial vigente, agoniza; ya no controla el Mutún, tampoco los salares, patalea en Huanuni, Corocoro, Colquiri, Karachipampa; no tiene capacidad para generar nuevos emprendimientos (v.g. Mallku Khota, Amayapampa). Así, la minería boliviana es la gran ausente de las estadísticas mundiales, ya nadie nos toma en cuenta, las poquísimas empresas que están hoy en Bolivia están con el Jesús en la boca rogando para que no haya avasallamientos o nuevas estatizaciones.
Como en la película, nos desgastamos en deseos; creemos ser el ombligo del mundo, planificamos muy poco, dejamos en manos de políticos las tareas de especialistas, nuestro largo plazo es de meses y el péndulo político alterna intereses de liberales y populistas mientras la herencia de los primeros mineros de la República se hace pedazos en el interminable juego de intereses sectarios. El próximo sueño y el tranvía de turno serán la industrialización y la sustitución de importaciones; el modelo vigente desde hace 17 años gasta mucha plata del Estado en propaganda, pero hace muy poco para concretar los proyectos en cartera (litio, hierro y acero, refinadoras de zinc, etc.); un sigilo casi secreto rodea la información de los detalles de convenios con el capital de ultramar y de los problemas de infraestructura, energía y cuidado ambiental para generarlos; en el caso del oro, se miran de costado los problemas sociales y ambientales en aras de mantener el valor de las exportaciones del metal (más de $us 3.000 millones en la gestión pasada, según el boletín de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística, INE, COMEX diciembre de 2022), como un parámetro que pareciera mostrar cierto grado de dedicación, aunque todos sabemos que lo que queda para el Estado con este saqueo, son migajas.
(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia
