El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) acaba de anunciar la ampliación del contrato con la empresa Manquiri SA, que realiza la explotación de material superficial del Cerro Rico de Potosí (pallacos, desmontes, diques, etc.). ¿De qué nos está hablando?
El período neoliberal (1985-2005) malbarató los recursos naturales —minerales y petróleo— entregando éstos a precios ridículos. En el caso de la minería, los proyectos promisorios que había preparado la Comibol (Colquiri, Huanuni, Caracoles, San Vicente, Bolívar, Porco, Choroma, Itos) fueron entregados a empresas transnacionales, bajo la modalidad de riesgo compartido y alquiler.
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En el caso del Cerro Rico, la Comibol tenía en marcha la Planta Hidrometalúrgica de Potosí, que trataba esta carga suelta; el proyecto exitoso sufrió los embates del neoliberalismo, traspasándose su operación (2000) a la empresa Don Mario (Mercado); ésta renunció, dando paso a la ampliación de las operaciones de la Mining Development Company (MDC norteamericana), que venía operando desde 1996 en el área continua conocida como Thuru, propiedad de la Comibol, alquilada a la cooperativa Reserva Fiscal. En 2001, la MDC fue transferida a la empresa Manquiri SA (canadiense), la que amplió sus operaciones a áreas cedidas por la Comibol a cooperativas (siete) y otras propias, teniendo así Manquiri el control de toda la superficie del cerro.
El contrato es de alquiler, por el cual se compromete a pagar a la Comibol —propietaria del yacimiento— un canon de alquiler de 2,5% del valor neto de ventas y a las cooperativas, 1,5% por ceder sus derechos; la inversión comprometida era de $us 60-70 millones y la explotación de 7.000 toneladas día. En el desarrollo del proyecto los primeros años, Manquiri recuperó su inversión y en 2011 la partición de los dividendos dio como resultado a la Comibol, $us 6.523.402, a las cooperativas, $us 3.914.041 y a Manquiri, $us 112.607.800. A este contrato, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa lo calificó de “leonino y entreguista”.
El advenimiento del gobierno del proceso de cambio buscó enmendar esta situación, disponiendo el texto constitucional que “el pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de los recursos naturales” (art. 353) y en caso específico de YPFB dispone “una participación no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social” (art 363-II). Asimismo, en el capítulo Disposiciones transitorias (II) dispone: “Las concesiones otorgadas con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en un plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de contratos mineros”.
Es en este marco, en 2014 se sancionó la Ley de Minería 535, elaborada en consenso con los operadores mineros (Comibol, empresa privada y cooperativas), que en lo fundamental suprime el régimen de concesiones para adoptar el contrato productivo, que evitaría el acaparamiento de áreas y obligaría a trabajar en forma directa a los operadores. Luego, se anuló las alianzas de cooperativas con empresas (Ley 845) y se obligó a migrar los contratos de arrendamiento y riesgo compartido suscritos por la Comibol a nuevos contratos de asociación estatal, con los que, en ningún caso la Comibol recibiría pagos inferiores al 55% de las utilidades (art. 148 I). Si bien la Ley 845 establece los contratos de producción minera, la participación del Estado nunca sería menor a los contratos neoliberales. Estos nuevos contratos deben ser aprobados en la Asamblea Legislativa.
En el caso de Manquiri, al anularse la participación de las cooperativas, la Comibol subió al 4% su participación. La ley establecía que: “la migración de los contratos de arrendamiento y riesgo compartido deberán adecuarse en un año que correrá a partir de la publicación del acto administrativo de la AJAM que establezca la fecha de inicio” (art. 62 II); el mismo artículo establece: “III. Los contratos de arrendamiento y riesgo compartido no pueden ser renovados”. Era de esperarse que el nuevo contrato mejoraría la participación para el Estado, sin embargo éste nunca se firmó y no llegó a la Asamblea Legislativa. Por lo que establecemos que la actual relación es la misma que se dio en 2000, actualizada con una adenda; al haberse cumplido el plazo, el contrato ha perdido vigencia, ¿de qué ampliación se habla?
Por otro lado, la empresa Manquiri en su página web informa que sus operaciones fueron ampliadas a otras áreas: Tatasi-Portugalete, el Asiento, Cachi Laguna, Pulacayo. ¿Como se logró comprometer estos yacimientos, si no hay contratos a la vista?
¡Ahí está la víctima, la Patria! ¿Dónde están los servidores públicos llamados a defender el patrimonio de los bolivianos: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Transparencia, asambleístas?
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
