La conmemoración vale si ilumina el futuro. En el fragor de la lucha, el líder Juan Lechín impuso el sentimiento generalizado de las bases: ¡Nacionalización de las minas! El compromiso se hizo obligación cuando se movilizaron los obreros armados, la firma del decreto se dio en los campos de María Barzola, escenario de la masacre perpetrada por la rosca minero-feudal, en cumplimiento de compromisos con su “aliado” de Estados Unidos. La medida era antimperialista y buscaba romper la explotación capitalista, desde la visión de sus propugnadores: los obreros.
La euforia se transformó en desafío con consignas: “producir más que la Patiño”, “sancionar a los falleros”, “trabajar por la pulpería”, “asambleas fuera de horas de trabajo”, “aportar para las fundiciones”, “emular entre las empresas por la producción”, “bajar los costos”, mientras el campo de batalla ya era otro: la lucha contra la burocracia inoperante y servil.
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La medida, anunciada seis meses antes, paralizó la importación de materiales, herramientas y equipos, que sumaban el 80% de lo requerido por la producción, componente vital eran los combustibles y lubricantes, que Bolivia no producía. Los “barones del estaño” embargaron los minerales exportados y comenzó un bloqueo comercial, se negoció la solución bajo el paraguas de la indemnización y la obligación de la venta de concentrados de estaño a las fundiciones de Patiño, así seguían viviendo del estaño de Bolivia, sin costo alguno.
La medida revolucionaria se convirtió en palanca para desarrollar el capitalismo desde el Estado, la burguesía se desarrolló gracias a la transferencia de dólares baratos producidos por la Comibol: la industria liviana —textiles y alimentos—, la agroindustria, la minería mediana, la construcción, fueron sus beneficiarios, más allá de la célula de importadores cobijados en el sistema financiero (Bedregal, Grebe, Burke); mientras tanto se enflaquecía la vaca lechera. La inconformidad de los obreros fue respondida con el despido, la prisión, la división y la cooptación de dirigentes y finalmente con el cambio de gobierno: la dictadura recibió como respuesta acciones como: sindicatos clandestinos, trabajo a desgano, asamblea en horas de trabajo y creación de nuevos partidos de vanguardia. La ruptura entre el sujeto histórico y la burocracia estatal revivió la vieja contradicción entre obreros y patrones, enfrentamiento que se definió con la imposición del modelo neoliberal que liquidó a la clase obrera y todas sus conquistas sociales.
El agotamiento del modelo neoliberal y la irrupción del proceso de cambio retomó las banderas de la nacionalización del petróleo y de los recursos naturales, la consigna emerge de la memoria histórica de sectores sociales populares, pero en este caso su ejecución se delega a la tecnoburocracia; la clase obrera, convertida en aristocrática, la apoya mientras no afecte sus intereses. Los procesos de nacionalización, correctos políticamente, no cumplen sus objetivos estratégicos de ser puntales en la industrialización y la creación de excedentes para diversificar la economía, lo que les mueve es el cumplimiento de una función burocrática y no así asumir una tarea histórica. La lección es clara: la lucha social es la única que crea la conciencia social.
Así las empresas mineras han ganado autonomía propia (Huanuni, Colquiri, Corocoro) y se contentan con sobrevivir, mientras su futuro es incierto; las fundidoras de Vinto y Karachipampa están en quiebra técnica y mejor no hacer nada ante la amenaza de cierre. En Yacimientos Petrolíferos su mayor esfuerzo y esperanza son los contratos con las transnacionales, ya que YPFB no ha creado sus propias capacidades productivas, olvidando que hay más de 40 contratos vigentes sin resultados y estos se convierten en mecanismos de presión para modificar la ley de hidrocarburos.
En el litio se comenzó descalificando el proyecto aprobado y financiado por ley; por lento e ineficiente, decían, soñando en descubrir métodos milagrosos, sin embargo, los tiempos políticos llevan al proyecto congelado hace cinco años y se enteran que no ampliaron las denostadas piscinas proveedoras de la materia prima y se necesita agua para obtener el mejor litio del mundo, como lo ha calificado una universidad inglesa.
Se apresura la adjudicación de una refinería de zinc en Oruro, sin proyecto conocido, con todas las responsabilidades para el contratista extranjero, que no conoce nuestras leyes sociales y medioambientales, al precio de $us 350 millones que no sabemos cómo se ha calculado, pero sí satisface el apetito de las empresas.
Así, otra vez, las nacionalizaciones van al desprestigio y su retorno al sector privado. Pero ahora ignorado por el movimiento social.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
